En el año 2025, se registraron un total trágico de 27.217 muertes en España de personas que esperaban atención por dependencia. Esta alarmante cifra, que representa el desenlace de una espera insostenible, fue revelada en un informe reciente del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez Navarro, presentará estos datos en el Congreso este miércoles.

El estudio indica que cada 18 minutos, una persona en situación de dependencia pierde la vida sin haber recibido la atención necesaria. De los fallecidos, 14.817 se encontraban a la espera de una resolución sobre su grado de dependencia, mientras que 12.400 no habían podido acceder a los derechos que les corresponden, lo que evidencia la gravedad de la situación actual en el sistema de dependencia.

Hasta el 31 de octubre de este año, el informe muestra que había 1.750.070 personas con dependencia reconocida en España, un incremento de 113.313 en comparación con 2024. Además, 120.698 personas, un número que ha disminuido en 7.181 desde el año anterior, continuaban a la espera de una valoración de su situación. Esto implica que un 3,5% de la población española requiere algún tipo de apoyo para llevar a cabo las actividades cotidianas.

Al examinar a los beneficiarios de estos servicios, se observa que casi dos tercios son mujeres, en contraposición a un 37% que son hombres. Además, la mayoría de las personas dependientes, es decir, tres de cada cuatro, tiene más de 65 años, y dentro de este grupo, un alarmante 53% supera los 80 años.

Asimismo, el informe destaca un incremento de 12.153 personas que tienen derecho a recibir atención pero que todavía permanecen en espera. A finales de octubre de 2025, 154.619 personas se encuentran en un estado de limbo dentro del sistema de dependencia, lo que representa un 8,8% del total de individuos con derechos reconocidos.

En cuanto al tiempo que se tarda en tramitar un expediente, el informe señala que actualmente la media es de 350 días, es decir, 16 días más que en 2024. Cabe mencionar que en algunas comunidades, como Murcia, Andalucía y Canarias, el proceso puede extenderse hasta 500 días. Por otro lado, cinco comunidades autónomas han logrado cumplir con el marco legal establecido, que fija un plazo de seis meses para la tramitación: Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León, y Ceuta.