Los municipios afectados por la reciente catástrofe en la provincia de Valencia están haciendo un llamado urgente para que las ayudas lleguen de inmediato a las cuentas corrientes de las personas damnificadas y solicitan también más maquinaria pesada para enfrentar las labores de limpieza.

En un luctuoso recuerdo del 29 de octubre, cuando la devastadora furia del agua se cebó sobre la región, se han perdido 222 vidas, según el último recuento. Un mes después de esta tragedia, los ayuntamientos de la denominada 'zona cero' se esfuerzan por salir de la desolación, intentando reconstruir no solo sus infraestructuras, sino también la esperanza de sus habitantes.

La necesidad urgente de asistencia económica inmediata es una de las demandas más reiteradas en estas localidades, que también se enfrentan al desafío de tratar las consecuencias psicológicas de este trauma colectivo. La falta de recursos ha llevado a muchos a estar en una situación de vulnerabilidad extrema, comprometiendo su bienestar emocional y social.

A pesar de los esfuerzos realizados, las secuelas de la tragedia son palpables en calles, comercios e infraestructuras. La recuperación de la movilidad avanza lentamente gracias al arduo trabajo de diversos cuerpos de rescate, que han logrado restablecer parcialmente la conexión de carreteras y servicios básicos, como el transporte de Cercanías y la red de metro.

Sin embargo, los hogares de muchas personas siguen siendo un reflejo de la devastación: aproximadamente 120,000 vehículos han sufrido daños severos, muchos de ellos apilados en campas o en depósitos temporales, esperando un destino incierto que incluya su posible destrucción, buscando evitar un impacto ambiental adicional.

Adicionalmente, numerosos coches permanecen inservibles en garajes, que se han convertido en focos de contaminación. Un equipo de trabajadores, consistente en unos cien operarios enviados por la Diputación, se ha sumado a los esfuerzos de la UME para desatascar y limpiar estos espacios. Se estima que los garajes afectados superan la cifra de 600, aunque esta cifra sigue siendo estimativa.

En localidades como Paiporta, donde se contabilizan las pérdidas humanas más significativas, el paisaje sigue estando marcado por el lodo y las súplicas de recursos para avanzar en las tareas de reconstrucción. Se hace evidente que, aunque se mencione la 'reconstrucción', la realidad es que la zona aún está inmersa en una situación de emergencia continuada.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha manifestado su preocupación sobre la disponibilidad de ayudas y la necesidad de emprender trabajos preventivos que puedan mitigar el impacto de futuros desastres. Reitera que es imperativo que las administraciones entreguen los fondos a las personas afectadas de inmediato y no en meses, ya que de lo contrario, la situación económica y social podría volverse insostenible.

Comes también ha hecho un llamado a las autoridades para que se adopten medidas correctivas en el barranco del Poyo, enfatizando que no se debe esperar a otra tragedia para actuar. "El trabajo es considerable y debemos asegurarnos de que estas necesidades no caigan en el olvido," ha advertido.

La prevención es un tema que también aborda el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, quien ha mostrado su frustración respecto a la falta de atención hacia el barranco de la Saleta. Este barranco ha sido una reivindicación constante de los ciudadanos y, según Luján, es el momento de actuar después de cuarenta años de promesas incumplidas.

Él sostiene que deben seguir llegando grúas para despejar los vehículos y que la situación en numerosos garajes subterráneos está causando estragos, especialmente para ancianos y personas con movilidad reducida que se encuentran atrapados en sus hogares.

Desde Benetússer, la alcaldesa Eva Sanz destacó el arduo trabajo de coordinación realizado durante el último mes, que ha permitido la limpieza de las calles y la restauración de servicios esenciales como luz y agua. Sin embargo, coinciden en que aún se requiere ayudar en la retirada de los vehículos afectados.

Además, Sanz resaltó la delicada situación de la infancia en su localidad, donde muchos escolares han regresado a las aulas a pesar de las discrepancias con las autoridades educativas sobre el estado de las instalaciones. A día 28 de noviembre, más de 9,750 niños de los municipios perjudicados no habían podido reincorporarse a sus clases.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, no olvidó la importante labor solidaria de los ciudadanos y los cuerpos de emergencia, afirmando que la comunidad ha demostrado su capacidad de resiliencia ante la adversidad. Sin embargo, no ha dejado de enfatizar la necesidad de atender puntos de riesgo como los barrancos de l'Horteta y del Poyo, que requieren una intervención urgente.

En la ciudad de València, aunque tres de sus pedanías han sufrido la embestida de la tormenta, se trabaja arduamente para restablecer la normalidad. La actividad educativa se ha reanudado y se reorganizan los servicios de transporte urbano, en un esfuerzo constante por ayudar a las comunidades afectadas.

Las autoridades locales han expresado su optimismo con respecto a la recuperación, enfatizando que el trabajo realizado hasta ahora está arrojando resultados positivos, aunque el compromiso de seguir apoyando a los afectados permanece firme. València, como 'cap i casal', continuará brindando su apoyo incondicional a los pueblos que han padecido esta crisis.