En Madrid, el 26 de noviembre de 2024, se conmemora un año del alto el fuego pactado entre Israel y Líbano, que puso fin a trece meses de intensos combates entre el Ejército israelí y la organización Hezbolá. Este periodo ha estado marcado por la persistencia de ataques israelíes contra Líbano, que han aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con las crecientes presiones internacionales sobre el Gobierno libanés para que desarme a Hezbolá, una demanda que ha sido rechazada de manera contundente por este grupo armada.

El acuerdo de alto el fuego fue rubricado el 27 de noviembre de 2023 entre Israel, Líbano y cinco países mediadores, incluyendo a Estados Unidos, en un intento por contener un conflicto que se intensificó tras los ataques de Hezbolá el 8 de octubre de 2023. Estos ataques se produjeron un día después de que Hamás lanzara un asalto coordinado contra Israel, resultado en miles de víctimas, entre ellas 1.200 muertos y aproximadamente 250 secuestrados.

Según lo estipulado en el acuerdo, se estableció un alto el fuego de 60 días, con el objetivo de facilitar el repliegue de las tropas israelíes de las áreas ocupadas durante el conflicto. Sin embargo, este proceso ha enfrentado múltiples retrasos y permanece incompleto, ya que Israel mantiene presencia militar en cinco puntos del territorio libanés. El acuerdo también requería que las fuerzas de Hezbolá se replegaran al norte del río Litani, acorde a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, decretada tras el conflicto de 2006.

El pacto dio origen a la creación de un comité de observación internacional formado por cinco países, encargado de supervisar su cumplimiento. Esta estructura buscaba facilitar la entrada del Ejército libanés al sur del Litani, un esfuerzo que se ha visto complicado por la continuación de los ataques israelíes. Israel sostiene que sus operaciones militares están dirigidas contra Hezbolá y que no infringen el alto el fuego, un argumento que ha sido cuestionado por Beirut, Hezbolá y la ONU.

El conflicto de interpretaciones se centra en el concepto de legítima defensa. Israel justifica sus incursiones afirmando que son necesarias para evitar que Hezbolá recupere su capacidad atacante, la cual fue debilitada durante el conflicto. En ese enfrentamiento, muchos líderes prominentes de la organización perdieron la vida, incluyendo a Hasán Nasralá, su histórico secretario general.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) reportó recientemente haber identificado 10.000 supuestas "violaciones" del alto el fuego por parte de Israel, que incluyen 7.500 en el espacio aéreo libanés y 2.500 en incursiones terrestres. Asimismo, la FINUL ha indicado que ha entregado 360 depósitos de armas hallados al Ejército libanés, aunque no se ha especificado la propiedad de esos armamentos.

Frente a esta situación, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, reveló que al menos 127 civiles han perdido la vida en las operaciones realizadas por Israel, mientras se incrementan los bombardeos, incluyendo recientes ataques contra un campamento de refugiados palestinos y la ciudad de Beirut, eventos que han intensificado la alarma sobre el futuro del alto el fuego.

El ataque al campamento de Ain al Hilwé resultó en la muerte de trece civiles, incluidos once niños. Al Kheetan ha exigido una investigación "rápida e imparcial" sobre posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario, a pesar de que Israel sostiene que todos los fallecidos eran miembros de Hamás. Este ataque fue seguido de otro bombardeo que dejó cinco muertos de Hezbolá, elevando las tensiones y generando un ambiente de incertidumbre respecto a la estabilidad del alto el fuego.

Las continuas agresiones israelíes han desatado una contundente respuesta de Hezbolá, que ha instado al Gobierno libanés a dejar de lado sus demandas de desarme del grupo y concentrarse en contrarrestar las amenazas emitidas desde Israel. En un discurso en el funeral de los muertos en recientes ataques israelíes, el dirigente de Hezbolá, Alí Daamush, advirtió que el país vecino debe estar preparado para una posible represalia de su parte.

Daamush reafirmó la resistencia de su organización, subrayando que la hostilidad israelí no alterará su determinación y que no abandonarán su lucha. "El verdadero problema de Líbano es la agresión sionista, no las armas de Hezbolá", enfatizó, reflejando una postura firme frente a la escalada del conflicto.

En un tono similar, el parlamentario Hasan Ezedín, del bloque de Hezbolá, declaró que los recientes bombardeos israelíes representan una ofensiva contra el pueblo libanés, y no solo contra el grupo militante, destacando que las víctimas son ciudadanos libaneses. Estas declaraciones han llevado al primer ministro, Nawaf Salam, a manifestar que el Gobierno está implementando medidas para prevenir un nuevo estallido de conflicto, alertando de una situación bélica que se configura como una guerra de desgaste.

La situación actual ha dejado a miles de libaneses en condición de desplazamiento, incapaces de regresar a sus hogares debido a los devastadores efectos de los ataques israelíes en la infraestructura del país, así como por la reciente construcción de un muro que avanza sobre la Línea Azul hacia el territorio libanés.

Al Kheetan destacó que los bombardeos israelíes no solo han causado muertes y heridos, sino que también han devastado infraestructuras esenciales, dificultando los esfuerzos de reconstrucción y el retorno de los desplazados a sus hogares, destacando que alrededor de 64.000 personas aún se encuentran en condiciones de desplazamiento sin un horizonte claro de regreso.

En este entorno crítico, organizaciones como Acción Contra el Hambre, Oxfam e Insecurity Insight alertan sobre el impacto en la seguridad alimentaria en Líbano, ya que muchos agricultores no pueden acceder a sus tierras debido a los desplazamientos y la contaminación provocada por los ataques israelíes. La destrucción de instalaciones de producción y distribución de alimentos ha exacerbado las dificultades económicas en las comunidades locales, afectando de manera significativa el sector agrícola y la economía rural, cuyos efectos podrían prolongarse durante muchos años, incluso si se logra mantener la tregua.