Este viernes, la Unión Europea ha decidido implementar sanciones adicionales dirigidas hacia 15 funcionarios del gobierno venezolano, destacando entre ellos a Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo, así como a varios miembros del Consejo Nacional Electoral. Estas sanciones se fundamentan en su involucramiento en las graves irregularidades que han marcado las elecciones en Venezuela y en la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de los comicios presidenciales, a pesar de no presentar pruebas que respalden este resultado.

De este modo, los Veintisiete han optado por responder a la creciente crisis política en Venezuela al expandir las sanciones existentes, sumando a estas 15 nuevas personas a su ya conocida 'lista negra'. Este acuerdo para aumentar el número de sancionados fue alcanzado a finales del año pasado, resultando en un total de 70 individuos afectados por las medidas. Las sanciones entran en vigor justo en el momento en que Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato presidencial, sin haber publicado hasta la fecha un escrutinio completo que valide su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio.

En particular, los Estados miembros de la UE han señalado directamente a Caryslia Rodríguez por haber declarado "incontestable" el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales, un fallo emitido por el Tribunal Supremo que carece de la divulgación de los datos concretos sobre la votación utilizada como base para dicha sentencia, todo ello en un contexto marcado por las irregularidades que caracterizan la gestión electoral del CNE. Asimismo, se le imputa la interferencia en las elecciones primarias de la oposición, obstaculizando la participación de los candidatos en la contienda electoral. El texto legal adjunto a estas sanciones subraya que "las acciones de Caryslia Rodríguez han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela".

En el mismo contexto de sanciones, la UE también ha incluido en su lista negra a Fanny Márquez, vicepresidenta del Tribunal Supremo, así como a otros magistrados, todos quienes certificaron la victoria de Maduro y participaron en maniobras destinadas a descalificar a la líder opositora María Corina Machado, suspendiendo sus derechos electorales.

Además, los líderes del Consejo Nacional Electoral han quedado en la mira del bloque europeo debido a las irregularidades ocurridas durante las elecciones de julio, incluyendo la deficientes gestión del proceso electoral, los retrasos en el conteo de votos en los centros de votación, así como la ocultación de información que documentaba estas irregularidades.

Asimismo, la UE ha decidido sancionar a Alexis Rodríguez Cabello, pariente del ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien recientemente asumió el mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Rodríguez Cabello ha sido señalado por estar involucrado en serias violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la represión sistemática de la oposición en Venezuela.

Las sanciones también se extenderán al director adjunto del SEBIN, quien es acusado de llevar a cabo actos de detención arbitraria, torturas, y trato inhumano, tales como la violencia sexual en el conocido centro de detención "El Helicoide".

En cuanto a los avances judiciales, la UE ha puesto el foco en dos miembros del sistema judicial venezolano, quienes son responsables de la persecución política del candidato opositor Edmundo González. Este político ha solicitado asilo en España tras recibir una orden de detención en su contra, la cual ha prometido desafiar para poder estar presente en Caracas durante el acto de toma de posesión de Nicolás Maduro.