En Madrid, el 7 de noviembre, se ha llevado a cabo una declaración importante por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, quien ha denunciado la participación de más de 1.400 ciudadanos africanos en el conflicto en Ucrania, luchando al lado del Ejército ruso. Esta cifra incluye a individuos provenientes de hasta 36 países del continente africano, lo que plantea serias preocupaciones sobre la situación de estos reclutas.
El ministro ha indicado que el número exacto de africanos comprometidos en la invasión podría ser incluso mayor. Ha revelado que, además de motivaciones financieras, muchos de estos individuos son presa de engaños o coacción. Sibiga afirmó en sus redes que "firmar un contrato equivale a una sentencia de muerte" para quienes se enlistan.
Este alarmante comunicado del ministro llega en un momento crítico, justo después de que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunciara que un grupo de sus compatriotas había pedido ayuda desde el frente de combate, aunque desconocemos a qué bando pertenecen.
Sibiga ha afirmado que los combatientes extranjeros que se unen a Rusia son considerados como "carne de cañón", destacando que no habrá consecuencias por sus muertes. El ministro subrayó que “la mayoría de los mercenarios no sobrepace el mes de vida en ese contexto”.
En vista de esto, ha hecho un llamado urgente a los jóvenes africanos para que se mantengan alejados de las tentadoras ofertas de reclutamiento por parte de Rusia. A su vez, exhortó a aquellos que ya están en combate a que busquen cualquier oportunidad de desertar y entregarse como prisioneros de guerra.
Según Sibiga, "el cautiverio en Ucrania representa una salida hacia la vida y una posibilidad de retornar a su hogar". En contraste, enlistarse en las filas rusas es "ilegal, inmoral y va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".
Finalmente, el ministro instó a los gobiernos africanos y de todo el mundo a advertir a sus ciudadanos sobre los peligros de unirse al Ejército ruso y a vigilar las actividades de reclutamiento en sus territorios, haciendo un llamado a la responsabilidad en la protección de sus poblaciones.
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