MADRID, 12 de noviembre.

En una decisión significativa, el Gobierno ucraniano ha optado por desmantelar el Consejo de Supervisión de Energoatom, la empresa estatal encargada de la energía nuclear, debido a graves acusaciones de lavado de dinero que han llevado a la inspección de sus oficinas en Kiev, llevada a cabo por las autoridades a principios de esta semana.

Yulia Sviridenko, primera ministra de Ucrania, comunicó a través de Telegram que "hoy hemos dado pasos cruciales para revitalizar Energoatom". Afirmó que el Ejecutivo ha decidido suspender inmediatamente las funciones del Consejo de Supervisión en un esfuerzo por reformar la gestión de la empresa.

La primera ministra destacó que este organismo poseía competencias esenciales, desde la selección de la dirección hasta la supervisión operativa de la empresa desde que, en 2023, el Gobierno ucraniano implementara una serie de reformas para elegir a sus miembros a través de un proceso de concurso. A pesar de ello, Sviridenko subrayó que Kiev no había interferido en las actividades del Consejo, instando a sus miembros a asumir plena responsabilidad por la situación actual de la compañía.

Además, Sviridenko indicó que el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura está preparando una nueva lista de candidatos para el Consejo, quienes tendrán que ser aprobados por el Gobierno en un plazo de una semana. Este movimiento busca reiniciar rápidamente la dirección de Energoatom, realizar una auditoría exhaustiva de sus operaciones y colaborar con las fuerzas del orden en la investigación de posibles irregularidades.

La primera ministra también informó que se ha encomendado al Servicio Estatal de Auditoría la tarea de llevar a cabo una revisión rápida de Energoatom, incluidos sus procesos de adquisición. Los resultados de esta auditoría se esperan con urgencia para ser enviados tanto a las autoridades encargadas de la ley como a los organismos dedicados a la lucha contra la corrupción.

En paralelo, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han puesto en marcha una operación de gran envergadura para desentrañar un esquema de corrupción en el sector energético. Esto acontece en medio de las crecientes dificultades relacionadas con el suministro eléctrico, provocadas por los recientes ataques rusos.

Las investigaciones han revelado la existencia de una "organización criminal" que, según se informa, lavaba dinero a través de una oficina en Kiev, propiedad de Andréi Derkach, un exparlamentario y actual senador ruso. Se estima que aproximadamente 100 millones de dólares (87 millones de euros) podrían haber sido procesados a través de este esquema ilícito.