El camino hacia la posible reducción de la jornada laboral se encuentra bloqueado por el Ministerio de Economía, lo que podría impedir que esta medida se implemente en 2025. Dicho bloqueo afecta la aprobación del texto necesario para que el asunto se lleve al Consejo de Ministros, donde se pretende activar un trámite de urgencia que permita su implementación antes de finalizar el año, de acuerdo con los compromisos establecidos por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz.

Fuentes del propio Ministerio de Trabajo han denunciado que el ministro Carlos Cuerpo está obstaculizando este proceso a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae). Esta comisión es el órgano responsable de examinar y decidir sobre las cuestiones que se presentan al Consejo de Ministros, lo que pone en cuestión la agilidad necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral.

Según un documento obtenido por Europa Press, la Cdgae ha decidido no incluir el texto relativo a la reducción de la jornada en la agenda de la próxima comisión programada para el 13 de enero. Este rechazo se fundamenta en la importancia económica de la medida y la necesidad de la implicación de otros ministerios, argumentando que el asunto debería tramitarse por un grupo de trabajo de la comisión y seguir el procedimiento ordinario.

El mismo documento sugiere que el tema podría ser abordado en la comisión del 27 de enero, aunque no se proporciona claridad sobre la certeza de que esto efectivamente sucederá. Este retraso en la tramitación significa que la propuesta no podrá ser presentada al Consejo de Ministros en una primera ronda, debido a que la reducción de la jornada se contempla como un proyecto de ley que requiere pasar por el consejo en dos ocasiones, además de necesitar la declaración de urgencia para acortar los plazos y facilitar su aprobación antes del 31 de diciembre de 2025.

La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas se ha discutido con los agentes sociales desde enero de este año y representa un compromiso del PSOE y Sumar dentro del acuerdo de gobierno de coalición. Sin embargo, a pesar de 11 meses de conversaciones, en diciembre, la ministra de Trabajo firmó este acuerdo únicamente con las organizaciones sindicales, después de que la CEOE decidiera abstenerse de apoyar la reducción de jornada por ley, lo que llevó a iniciar el proceso para remitir la medida al Congreso de los Diputados.

El Ministerio de Trabajo solicitó la activación de este proyecto de ley en paralelo a las negociaciones, pero en noviembre, tras el rechazo final de la patronal a la reducción de jornada, los ministerios económicos del PSOE —incluyendo Economía, Hacienda y Seguridad Social— manifestaron dos objeciones al texto: una relacionada con la compensación de las jornadas parciales, que debería llevarse a cabo en tiempo y no en salario, y otra sobre la implementación de la norma, que se proponía aplazar hasta 2026.

A medida que avanzaba la consolidación del acuerdo con los sindicatos, el Ministerio de Economía ha estado utilizando la Cdgae para impedir el inicio del procedimiento, según las denuncias de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Esta estrategia afecta gravemente el futuro de la reforma laboral.

La ministra de Trabajo ha señalado que, si la Cdgae mantiene su negativa para discutir el texto el 13 de enero, la norma podría quedar fuera del período de sesiones, aunque aún existe la posibilidad de que sea considerada el 27 de enero. En el mejor de los casos, si la Cdgae decide tramitar el proyecto de ley en esa fecha, el texto tendría que ser debatido en el Consejo General de Secretarios de Estado, que es un paso previo indispensable antes de ser presentado en el Consejo de Ministros para su consideración inicial.

En consecuencia, incluso si el Consejo de Ministros aprueba la normativa y se recaba la información necesaria de todos los ministerios relacionados con la reducción de la jornada y de otros organismos como el Consejo Económico y Social (CES), se espera que la normativa no pueda llegar de nuevo al Consejo de Ministros hasta septiembre, momento en que podría comenzar su tramitación parlamentaria.

A pesar de las dificultades en este complejo camino, desde el Ministerio de Trabajo se mantienen optimistas sobre la posibilidad de que la norma sea aprobada antes de concluir el año. Sin embargo, como han señalado, el resultado final dependerá de la voluntad política de los diferentes ministerios del PSOE para hacer viable esta reducción de jornada.

Por último, se ha señalado que la oposición a la normativa no se debe a la falta de apoyos políticos en el proceso parlamentario, sino que, según las fuentes ministeriales, Economía ha estado actuando como portavoz de las propuestas de la CEOE, impidiendo que avance la iniciativa de reducción de la jornada laboral.