En Madrid, a 10 de enero, ha surgido un nuevo conflicto en la gestión de la inmigración en España. El Ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, ha expresado su creciente inquietud ante la negativa de diversas comunidades autónomas a recibir a menores migrantes. En particular, ha señalado a La Rioja, que desde el año 2022 no ha acogido a ningún menor, lo que pone de relieve la falta de compromiso de dicha región en la distribución equitativa de estos jóvenes.

Durante una entrevista en RNE, capturada por Europa Press, Torres reaccionó a las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien criticó al gobierno riojano —que ha estado bajo la dirección del PSOE y ahora del PP— por su falta de colaboración en la distribución de migrantes. Torres argumentó que la referencia de Clavijo al respecto se relaciona con una conferencia sectorial de 2022, pero enfatizó que, a pesar del paso del tiempo, La Rioja no ha recibido a ningún menor bajo los acuerdos establecidos en esa ocasión.

El Ministro no se limitó a señalar a La Rioja, sino que reveló que hay “muchos otros” gobiernos autonómicos que también parecen desinteresados en asumir su parte de responsabilidad en la acogida de menores migrantes no acompañados. Destacó que en las últimas horas, el Gobierno de Baleares ha manifestado su negativa a aceptar más menores en su territorio, así como el Gobierno de Murcia, reflejando así una tendencia preocupante en varias comunidades.

Torres explicó que la distribución de menores acordada en conferencias sectoriales se basó en “criterios objetivos de población, dispersión y la cantidad de menores no acompañados en cada región”. Según sus palabras, algunas comunidades tienen una carga mayor que otras, y el objetivo es que todos asuman una presión similar. Esta situación suscita interrogantes sobre el compromiso de algunas regiones que, según el Ministro, exhiben una falta de voluntad en cumplir con lo acordado.

Como evidencia de esta disparidad, Torres comparó la situación de comunidades como el País Vasco y Cataluña, que históricamente han acogido un número significativamente mayor de menores. A su juicio, no es lógico que algunas comunidades, que cuentan con una población de 6 millones de habitantes, aleguen estar sometidas a una presión migratoria extrema cuando su carga efectiva de menores es de apenas 1.000, mientras que otras regiones, como Ceuta y Melilla, enfrentan situaciones mucho más críticas con cifras desproporcionadamente altas.

Finalmente, el Ministro concluyó afirmando que el Partido Popular (PP) está al tanto de esta problemática. Algunas comunidades, que han mantenido un esfuerzo mucho menor en la recepción de menores, han comenzado a mostrar resistencia a participar en un sistema que pronto podrían verse obligadas a aceptar, lo que, en su opinión, resulta inadmisible en el contexto de un compromiso colectivo frente a la crisis migratoria que enfrenta España.