En Madrid, el 3 de febrero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer que un total de 926 menores migrantes no acompañados han sido trasladados a la Península desde las Islas Canarias. De esta cifra, 486 están vinculados a un decreto-ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, mientras que 440 son solicitantes de asilo cuya atención está siendo gestionada por el Estado, en respuesta a un requerimiento del Tribunal Supremo.

Durante una conferencia de prensa seguida al Consejo de Ministros, Torres destacó que desde septiembre han sido reubicados cerca de mil menores migrantes no acompañados provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro celebró que "casi mil menores han sido reubicados sin generar problemas de convivencia ni perturbar la vida cotidiana de las familias". Según su relato, estos menores han dejado atrás condiciones de hacinamiento, están escolarizados y llevan una vida más integrada.

En relación con los jóvenes solicitantes de asilo, Torres mencionó que el Gobierno de Canarias había proporcionado inicialmente un listado con cerca de mil nombres, aunque finalmente se determinó que solo 693 eran válidos debido a duplicidades. Estos menores forman parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que está bajo la competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El ministro también indicó que entre los 693 menores había 126 que ya eran mayores de edad, quienes también están asistidos por el Sistema de Protección Internacional. En cuanto a los restantes, que suman 567, se encuentran bajo la tutela del Gobierno en diferentes zonas de la Península.

Torres informó que todavía quedan 127 menores en Canarias, de los cuales casi 100 han solicitado arraigo, habiendo estado en la isla durante un tiempo y deseando establecerse allí. Además, mencionó que 29 de ellos podrían ser elegibles para ser trasladados a otras regiones.

Sobre la normativa que regula la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, Torres recordó que este real decreto-ley, que fue aprobado en marzo del año pasado, ha sido implementado efectivamente desde septiembre. Este establece dos mecanismos de reubicación: uno de carácter urgente para los menores que llegaron después de la aprobación de la ley, y otro para aquellos que ya se encontraban en dichas regiones previamente.

El ministro subrayó que están trabajando para completar el expediente de estos menores en un plazo récord de 25 días desde su llegada, lo cual demuestra el compromiso del Gobierno.

En términos de progreso territorial, Torres informó que el Gobierno ha manejado favorablemente 523 expedientes desde Canarias, resultando en 174 traslados a la Península, lo que equivale a casi un 33%. En el caso de Ceuta, de 336 expedientes, 260 se han concretado en reubicaciones (77,3%), mientras que Melilla ha alcanzado un 82,5%, con 52 traslados de 63 solicitudes aprobadas.

El ministro enfatizó la necesidad de colaboración con los gobiernos autonómicos: "Es fundamental que todos los menores sujetos a la disposición adicional sean reubicados para marzo", argumentó Torres, reflejando la urgencia del asunto.

Por último, el ministro también lamentó que no se hayan podido gestionar todos los expedientes de menores en situación de contingencia migratoria según lo establecido en la norma, señalando que de 2.000 menores detectados en Canarias, solo se recibieron 432 expedientes. De manera similar, en Ceuta fueron 108 de 495, y en Melilla, 30 de 76. A pesar de esto, Torres aseguró que el Ejecutivo cumplirá con lo que se les ha enviado.