En un reciente desarrollo en el ámbito de la contratación pública en España, la Mesa de Contratación ha decidido recomendar la exclusión de la UTE compuesta por Telefónica de España y Telefónica Soluciones del lote 3 de un importante contrato estatal de telecomunicaciones. Esta medida se fundamenta en la inhabilitación de la empresa que brinda solvencia a la unión temporal, al no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad debidamente inscrito.

Este hallazgo resulta particularmente interesante, ya que es el mismo motivo que llevó a la anulación del contrato previamente adjudicado a MaSOrange. En la reunión del 12 de noviembre de 2025, la Mesa determinó que la UTE, liderada por la filial de Telefónica, debía ser excluida del lote 3, que abarca servicios relacionados con interconexión de centros de datos y seguridad en Internet dentro del marco de los 'Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado'.

De acuerdo con el análisis realizado, se evidenció que Govertis Advisory Services, que proporcionaba la solvencia técnica a la UTE, no contaba con el plan de igualdad exigido por ley, a pesar de tener más de 50 empleados. Esta falta de cumplimiento se traduce en una prohibición de contratar, tal como establece la Ley de Contratos del Sector Público, dado que se trata de un requisito esencial para acceder a dicho contrato.

El acta de la reunión señala que, al formar parte de la UTE, la ausencia de un plan de igualdad de Govertis tiene implicaciones directas sobre la validez de su propuesta. Antes de que se tomara la decisión, la unión temporal había planteado la posibilidad de reemplazar a Govertis por otra empresa de su grupo, Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, argumentando que esta cuenta con la capacidad técnica necesaria para cumplir con los requisitos del contrato.

Sin embargo, la Mesa desestimó esta opción, señalando que modificar la oferta de esta manera sería inapropiado, ya que se estaría alterando la propuesta original fuera del plazo establecido y completando la solvencia de la empresa después de que se cerrara el periodo de presentación de ofertas. Esta acción podría infringir principios fundamentales como la igualdad de trato, la transparencia y la libre concurrencia entre los licitadores.

El acuerdo de la Mesa establece que, si se confirma la exclusión, el lote 3 del contrato quedaría desierto, dado que no hay otros licitadores con propuestas válidas en esta categoría. Además, se ha solicitado al órgano de contratación que evalúe las posibles repercusiones de esta situación sobre el lote 1, que comparte el mismo adjudicatario propuesto.

Este expediente se inscribe en la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones, que tienen como objetivo incluir los contratos de comunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Función Pública.