El debate sobre la vivienda en España se ha intensificado tras un reciente llamado de Sumar y Podemos desde el Congreso para movilizar a la sociedad en defensa de Mari Carmen, una octogenaria de 87 años que enfrenta un inminente desahucio en su hogar del distrito de Retiro, donde ha vivido por más de siete décadas. Las líderes de ambos partidos destacan que la pensión de la anciana, que asciende a 1.500 euros, no le permite hacer frente al alquiler exorbitante exigido por un fondo de inversión que ha adquirido el edificio. Este fondo, que demanda 2.500 euros mensuales, ha provocado el temor entre los residentes que ven su estabilidad en riesgo.

Verónica Martínez, portavoz de Sumar, ha señalado que la situación de Mari Carmen es solo una muestra del sufrimiento que enfrentan muchas personas mayores ante la voracidad de estos fondos de inversión. En una rueda de prensa, advirtió que el desalojo de esta mujer representa un problema más amplio que afecta a toda la sociedad. “Si no actuamos ahora, no solo Mari Carmen perderá su hogar, sino que estamos fallando como comunidad”, enfatizó, subrayando la urgencia de una intervención efectiva del gobierno.

Martínez criticó la falta de soluciones contundentes y urgió a evitar soluciones temporales como rebajas fiscales, argumentando que es necesario regular el mercado de alquileres y proteger a los inquilinos. Afirmó que la política debe centrarse en frenar la especulación y garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio lucrativo.

En medio de este contexto, Sumar propone extender la duración de los contratos de alquiler por tres años más, para frenar las subidas desmesuradas que podrían llevar a muchos a situaciones precarias. Esta postura ha encontrado eco en otras fuerzas políticas, incluyendo a Más Madrid, cuyo portavoz Tesh Sidi ha clonado un llamado a la acción pública para evitar el desalojo de Mari Carmen, resaltando el dramático cambio que enfrentan muchas personas mayores que llevan toda una vida en sus hogares.

Sidi ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su consejo a la anciana de buscar ayuda en servicios sociales, al considerar que esta respuesta es insuficiente y falta de sensibilidad. Además, ha instado al gobierno a que intervenga en la compra de viviendas que están en manos de fondos buitres, abogando por contratos de alquiler indefinido que asegurarían la estabilidad de los inquilinos.

Ione Belarra, de Podemos, también ha expresado su preocupación y ha exigido al gobierno que actúe de inmediato para detener el desahucio de Mari Carmen. Ella destaca que este hogar no solo representa un lugar físico, sino un legado familiar y un espacio cargado de recuerdos. La portavoz ha hecho un llamamiento a la movilización social contra esta ola de desahucios y ha culpado al Ejecutivo por fomentar una política de especulación que ha dejado desprotegidos a muchos ciudadanos.

La necesidad de un cambio en la política de vivienda es más palpable que nunca, y mientras los partidos de izquierda claman por la acción urgente del gobierno, los ciudadanos esperan que se tome una decisión que priorice los derechos humanos y no el beneficio económico de unos pocos.