Madrid, 28 de diciembre. En una reciente propuesta, el partido político Sumar ha instado al Gobierno español a llevar a cabo modificaciones en la Ley 22/1973 de Minas, con el firme objetivo de eliminar cualquier normativa que rija la gestión de aguas minerales y termales. Según fuentes de Europa Press, esta iniciativa se presenta a través de una Proposición No de Ley (PNL) que busca realinear estas regulaciones con los estándares establecidos por la legislación sobre aguas.

El Grupo Parlamentario ha manifestado su preocupación por la necesidad de que el Ejecutivo adapte la normativa de aguas a los principios delineados en la Directiva Marco del Agua, enfatizando que esta adaptación debe responder a los desafíos que plantea la actual emergencia climática. De acuerdo a las declaraciones de la diputada Júlia Boada Danés y la portavoz adjunta Aina Vidal Sáez, es imperativo que la gestión del agua mineral se integre en un marco regulatorio más amplio que atienda a la realidad ambiental contemporánea.

Durante el desarrollo de la PNL, las representantes de Sumar han subrayado que la regulación del agua mineral actualmente existente está desactualizada, ya que se deriva de la Ley de Minas. Esta normativa fue establecida en un contexto en el que el principal objetivo era el aprovechamiento de los recursos en beneficio del ser humano, tal como se consignaba en el II Plan de Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, consideran que este enfoque ahora resulta insuficiente frente a las exigencias de una gestión sostenible y responsable del agua.

La proposición critica directamente el artículo 83 de la ley vigente, que especifica las autorizaciones necesarias para el aprovechamiento de recursos hídricos y permite su explotación hasta el agotamiento. Los representantes de Sumar delinean esta ley como "anacrónica y preconstitucional", argumentando que el agua no solo debe considerarse un bien económico, sino un derecho humano fundamental y un servicio público esencial. Este planteamiento apunta a que la gestión del agua debe quedar exenta de las lógicas de mercado que suelen predominar en otros sectores.

Además, Sumar ha puesto de relieve la urgencia de gestionar todos los recursos hídricos de España de manera efectiva y coherente, especialmente en un periodo donde la escasez de este recurso es cada vez más evidente. La propuesta argumenta que es crucial establecer un marco legislativo que fomente una gestión hídrica integral, garantizando al mismo tiempo la participación de la ciudadanía y un control social que asegure la transparencia en la toma de decisiones.

Finalmente, el Grupo Parlamentario ha advertido que la actual regulación fragmenta el marco jurídico relativo a las aguas, lo cual entra en conflicto con el principio de integración propuesto en la Directiva Marco del Agua. A través de esta PNL, buscan establecer una gestión hídrica más unificada y coherente que responda a las necesidades actuales y futuras de la sociedad española.