Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, se muestra optimista respecto a la posibilidad de obtener el respaldo del PSOE y del Ministerio de Igualdad para una proposición de ley que busca fortalecer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, integrándolo en la Constitución. Según Martínez Barbero, esta acción es fundamental para el movimiento feminista y tiene como fin la no discriminación en el acceso a servicios de salud para todas las mujeres.

En una reciente entrevista con Europa Press, la portavoz declaró que están en la fase final de elaboración de un texto que reformará la Constitución para que el derecho al aborto quede claramente establecido en la Carta Magna. "Estamos trabajando en un documento que consideramos no solo ambicioso, sino realista y que responde a las necesidades de la sociedad actual. Es imperativo que el aborto esté reconocido en nuestro país", enfatizó Martínez Barbero.

La ambición de Sumar es contar con el apoyo del PSOE y lograr la mayoría necesaria en la Cámara Baja para la aprobación de esta reforma constitucional. Martínez Barbero argumenta que la cuestión del aborto enfrenta dos ideologías distintas, la de la izquierda y la de la derecha, y subraya que el reconocimiento de este derecho es un pilar esencial del feminismo contemporáneo.

Ante la postura reciente del Ministerio de Igualdad de no seguir el ejemplo de Francia al incluir el aborto en su Constitución, la portavoz de Sumar respondió con determinación, afirmando que su grupo trabajará no solo para cambiar la opinión del ministerio, sino también para asegurar su respaldo. "Esperamos que el Ministerio cambie su postura y obtener el apoyo de la totalidad de la Cámara", concluyó.

En el marco de su último congreso federal, el PSOE ya aprobó la idea de incluir en la Constitución el blindaje de ciertos derechos sociales, tales como la revalorización de las pensiones, el derecho al matrimonio homosexual y la interrupción del embarazo. Desde el pasado 8 de marzo, los socios menores de la coalición han reinvindicado esta necesidad, buscando emular a Francia en esta materia. Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado un paso adicional al aprobar un protocolo para crear un registro de objetores de conciencia en relación con el aborto.

Para que la reforma constitucional pueda ser registrada, Sumar necesita la firma de al menos dos grupos parlamentarios o el apoyo de una quinta parte de la Cámara, lo que equivale a 70 diputados. Esto implica que la formación de izquierda necesita la colaboración de otros grupos para avanzar. Asimismo, la aprobación final requiere un apoyo cualificado en ambas cámaras, siendo necesario conseguir tres quintos de los votos en caso de no tratarse de una reforma compleja, para lo cual el respaldo del PP sería crucial.

Es relevante señalar que el Partido Popular, que goza de una mayoría absoluta en el Senado, ya mostró su oposición a la última reforma de la Ley del Aborto e incluso llevó la norma ante el Tribunal Constitucional, que a su vez validó que la legislación era conforme a la Carta Magna.

Este año, el Congreso ya tuvo un precedente de cambio constitucional cuando se aprobó una proposición de ley impulsada por el PSOE y el PP para modificar el artículo 49 y sustituir el término "disminuido" por "persona con discapacidad".

En otro ámbito, Martínez Barbero se pronunció sobre la reciente licitación del Gobierno para ofrecer asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface, dejando claro que su criterio es que estos empleados deben ser atendidos exclusivamente en la sanidad pública. Subrayó que esta licitación corresponde al Ministerio de Función Pública, no a los departamentos de Sumar. A pesar de los obstáculos, se mostró confiada en que al final se logrará la plena integración del modelo de mutualidades en el sector público.