Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha criticado abiertamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su falta de acción efectiva para controlar el elevado costo del alquiler. Martínez Barbero ha instado a la ministra a que tome medidas tangibles que respondan a las demandas de la ciudadanía, enfatizando la necesidad urgente de actuar en este ámbito.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz aseguró que el pacto de gobernabilidad con el PSOE debía centrarse en facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, ha señalado que, transcurrido un tiempo significativo desde el inicio de la legislatura, las soluciones prometidas aún no se han materializado de manera contundente o valiente.

“No es solo que no lleguen a la ciudadanía, sino que ni siquiera han alcanzado el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, lamentó Martínez Barbero. Agregó que, aunque no se sientan “más distanciados” de su socio por cuestiones relacionadas con la vivienda, han podido corroborar que el Gobierno no está tomando en serio un asunto crucial para la población.

Martínez Barbero exigió que la ministra de Vivienda preste nuevamente atención a las exigencias sociales, que piden valentía y decisiones firmes para combatir la especulación de precios. “Debemos atrevernos ya”, reiteró la portavoz de Sumar, poniendo énfasis en la urgencia de actuar en este tema.

Además, argumentó que Sumar está presentando propuestas concretas, como una iniciativa legislativa en colaboración con otros grupos parlamentarios para limitar los alquileres de temporada —actualmente en tramitación en el Congreso— y vinculando la recepción de fondos estatales a que las autonomías gobernadas por el PP cumplan con la Ley de Vivienda, destacando que existen instrumentos para controlar el mercado del alquiler.

Entre las propuestas planteadas por Sumar para los próximos Presupuestos Generales del Estado, se encuentra la instauración de un contrato indefinido de alquiler y la asignación del 1% del PIB anual a la promoción de vivienda pública asequible, con la creación de un fondo destinado a 40.000 viviendas. Se propone incluso la construcción de 500.000 viviendas públicas con un alquiler mensual mínimo de 400 euros.

Martínez Barbero también señaló un “contraste muy evidente” entre las acciones de la ministra de Vivienda y las del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien ha mostrado determinación a la hora de enfrentarse a las plataformas de alquiler de pisos turísticos. Esto se evidencia en la reciente decisión de la Dirección General de Consumo, bajo la supervisión de Bustinduy, de abrir un expediente sancionador contra una plataforma que no retiró anuncios de alojamientos sin licencia.

La portavoz de Sumar enfatizó que es fundamental frenar la especulación en áreas donde el mercado está tensionado para controlar el aumento de precios, un fenómeno que está provocando el desplazamiento de los residentes de sus barrios. A este respecto, citó un alarmante incremento del 78% en los precios de la vivienda en la última década.

En cuanto a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de establecer una empresa pública de vivienda, Martínez Barbero consideró que esta debe integrarse con otras iniciativas para ser verdaderamente efectiva. De lo contrario, advirtió que su impacto sería limitado e insuficiente.

En ese sentido, insistió en que la política gubernamental debe enfocarse en fomentar una vivienda pública "duradera". Propuso que la titularidad pública de este parque inmobiliario sea permanente, y que nunca se permita su tránsito hacia el mercado privado para especulación.

“Eso no puede suceder. Una agencia pública de vivienda suena bien, pero debe estar enmarcada por directrices realistas que nos ayuden a frenar la constante escalada de precios", concluyó.

Finalmente, frente a la pregunta sobre si esta empresa pública debería operar como una inmobiliaria sin la intervención de operadores privados, la portavoz se mostró favorable, afirmando que “por supuesto, la vivienda pública debe permanecer pública”.

El pasado 12 de diciembre, el Congreso dio un paso al frente al instar al Gobierno a aprovechar los activos de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible, mediante una proposición no de ley consensuada entre Sumar y Podemos.