Sumar exige llamar a consultas a la embajadora de Marruecos tras ataque al Frente Polisario

Sumar ha solicitado formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para exigir explicaciones por el ataque con drones que causó la muerte de tres miembros del Frente Polisario, incluido un dirigente destacado. La petición surge en un contexto donde el Gobierno español ha evitado condenar públicamente la operación, a diferencia de su reacción ante ataques similares en mayo.

El incidente se produce en un momento de creciente tensión en el Sáhara Occidental, donde España mantiene una posición diplomática compleja. La operación marroquí, que causó la muerte de Lahbib Abdelaziz, vinculado a la dirección del Frente Polisario, reabre debates sobre el respeto a los derechos humanos y la política exterior del Estado español respecto a la cuestión saharaui.

Las implicaciones de este silencio oficial generan preocupación entre los partidos de izquierda y sectores que defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La falta de condena pública puede interpretarse como una postura de connivencia o pasividad ante las acciones de Marruecos, lo que afecta la credibilidad internacional de España en materia de derechos humanos y política exterior.

Desde una perspectiva política, esta situación evidencia las tensiones internas en el Gobierno y su delicado equilibrio entre mantener buenas relaciones con Rabat y defender principios internacionales. La postura del Ejecutivo puede influir en futuras decisiones diplomáticas y en la percepción del compromiso español con la causa saharaui, que históricamente ha sido un asunto de política exterior prioritaria para sectores de la izquierda y la comunidad internacional.

El contexto más amplio revela que, pese a las declaraciones públicas, la política española en el Sáhara continúa marcada por una ambigüedad que favorece la estabilidad con Marruecos. La comunidad internacional, especialmente en el marco de la ONU, sigue pendiente de una solución definitiva que respete el derecho a la autodeterminación. La evolución de esta crisis puede determinar el posicionamiento futuro de España en el escenario regional y global.