En un reciente pronunciamiento, Sumar, el grupo parlamentario de la izquierda progresista, ha exigido al Gobierno español la elaboración de un plan claro para reemplazar los programas de defensa que se han visto afectados por la decisión de suspender el comercio de material militar con Israel. Esta medida se instauró en el contexto de la creciente violencia en la Franja de Gaza.

El Congreso aprobó a principios de octubre un embargo sobre la venta de material militar a Israel como parte de un esfuerzo del Gobierno para presionar a Tel Aviv. Esta acción fue justificada por el presidente Pedro Sánchez, quien calificó de "genocidio" la situación en Gaza y estableció que el veto, aunque formalizado ahora, ya estaba en vigor de manera implícita desde el 7 de octubre de 2023.

Con anterioridad a estas decisiones, el Ministerio de Defensa había delineado un "plan de desconexión" del sector militar israelí, con la intención de reemplazar ciertos productos sin poner en riesgo la operatividad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, persiste la incertidumbre en torno a equipos y tecnología crítica, donde el Ministerio ha reconocido una dependencia considerable. La ministra Margarita Robles, ya en septiembre, había dado por finalizado el vínculo industrial con Israel en el ámbito defensivo.

En una acción registrada en el Congreso y dada a conocer por Europa Press, Sumar ha centrado su atención en la anulación de contratos significativos que incluyen 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, por un valor de 237 millones de euros, asignados a PAP Tecnos Innovación SAU; el acuerdo para el sistema lanzacohetes SILAM valorado en 576 millones, con la colaboración de la empresa israelí Elbit Systems; y un contrato relacionado con sistemas de combate aéreo, por 207 millones, adjudicado a Rafael.

Ante esta situación, Sumar solicita al Gobierno que establezca, lo más pronto posible, un cronograma detallado para la sustitución de todos los programas de defensa y seguridad que involucren bienes, tecnologías o patentes israelíes.

Adicionalmente, el grupo pide que se garantice que al menos el 80% de los recursos previstos en el presupuesto para programas de defensa se utilicen dentro de España, y que el 90% se destine a iniciativas de defensa en el marco de la Unión Europea.