Stellantis Vigo aprueba un ERE voluntario con hasta 80 salidas incentivadas hasta diciembre

La planta de Stellantis en Vigo ha ratificado un expediente de regulación de empleo (ERE) que permite un máximo de 80 salidas voluntarias, con un periodo de vigencia que abarca hasta el 18 de diciembre de 2023. Este acuerdo, alcanzado tras la finalización del proceso de consulta iniciado en marzo, cuenta con el respaldo mayoritario de los sindicatos presentes, con nueve de diez miembros apoyándolo.

El contexto de esta medida responde a las tensiones en el sector automotriz, marcado por cambios en la demanda y la transición hacia vehículos eléctricos, que han llevado a reestructuraciones en varias plantas en España. La decisión de la dirección de Stellantis refleja también el impacto de la política industrial europea y las decisiones regulatorias relacionadas con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica, que en ocasiones generan incertidumbre laboral.

Desde el punto de vista político, las administraciones autonómicas y nacionales han manifestado interés en mantener la competitividad de la industria automotriz, considerando su peso en la economía gallega y en la economía nacional. La gestión de estos procesos de ajuste laboral se enmarca en un contexto de diálogo y búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad económica y protección social, en un escenario de cambios regulatorios y económicos a nivel europeo.

El acuerdo contempla indemnizaciones basadas en el estatuto de los trabajadores, con diferentes condiciones según la edad y la situación laboral de los empleados, además de la posibilidad de reincorporación en un plazo de 36 meses. Asimismo, se ha incluido la opción de suspensión del contrato con derecho de retorno, como medida de acompañamiento a los trabajadores afectados.

Este proceso en la planta de Vigo se inscribe en un contexto más amplio de reestructuración en el sector automovilístico en España, donde varias empresas están ajustando su personal en respuesta a los cambios tecnológicos y a las políticas medioambientales. La gestión social y política de estos procedimientos será clave para garantizar la estabilidad laboral y la competitividad industrial en los próximos años.