En una notable controversia que ha sacudido el escenario político surcoreano, un equipo de investigación ha solicitado este lunes una orden de arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol, quien se encuentra temporalmente destituido de sus funciones. Este pedido de detención se fundamenta en su declaración de ley marcial a principios de diciembre, motivo por el cual le acusan de insurrección y abuso de poder, alegaciones que surgen tras su desatención a tres citaciones para ser interrogado sobre su controvertida decisión.

El equipo de investigadores, que incluye a miembros de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, ha elevado la solicitud ante el Tribunal del Distrito Oeste en Seúl, la capital surcoreana. Este movimiento legal marca un punto crítico en una situación que atañe a la estabilidad del gobierno y a la democracia en el país.

En la petición, los investigadores argumentan que Yoon cometió un acto de insurrección y abuso de su cargo al declarar el estado de excepción el 3 de diciembre. Además, se le acusa de haber ordenado a las fuerzas armadas que impidieran a los miembros del Parlamento votar en contra del decreto, lo que ha sido interpretado por muchos como un intento de socavar la autoridad legislativa y de coartar la oposición.

En respuesta a estas serias acusaciones, el ahora ex presidente Yoon ha rechazado toda implicación de mala conducta, defendiendo su decisión de declarar la ley marcial. Según su perspectiva, este fue un “acto de gobierno” destinado a advertir al partido opositor, que goza de la mayoría en la Asamblea Nacional, sobre lo que él considera un abuso de poder legislativo en favor del régimen comunista de Corea del Norte.

La defensa de Yoon se ha comprometido a tomar "medidas formales" ante esta acusación, argumentando que la solicitud proviene de una agencia que, según ellos, carece de la autoridad necesaria para investigar los presuntos delitos de insurrección. Yun Gap-geun, uno de los abogados del ex mandatario, hizo estas afirmaciones en una reciente declaración a la prensa surcoreana, subrayando la seriedad de la situación tras la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur se enfrenta ahora a la crucial tarea de decidir, antes de finales de junio, si restituirá las competencias de Yoon o si lo inhabilitará de manera definitiva. Esta decisión no solo tendrá un impacto en el futuro político del presidente destituido, sino que también podría sentar un precedente significativo en la gobernanza democrática del país.