En Madrid, el 4 de noviembre, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, compareció ante la comisión del Congreso designada para investigar la gestión de la reciente tormenta Dana. A lo largo de su intervención, expresó que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no alivia su sufrimiento, pero representa un “alivio” y la posibilidad de una futura acción legal contra él.

Álvarez inició su discurso agradeciendo la instauración de esta comisión, a pesar de la oposición del PP y Vox. Mencionó que la decisión de permitir que las víctimas sean las primeras en hablar lesha proporcionado una renovada confianza en las instituciones y un paso más hacia la justicia y la reparación que tanto anhelan.

Criticó la falta de atención que han recibido en otras comisiones de investigación. Recordó que en el Senado no fueron convocados, que su participación en la diputación valenciana fue a última hora, y que en las Cortes les negaron inicialmente el derecho a expresar su versión de los hechos, rectificando solo después de la presión pública.

La presidenta de la asociación enfatizó que los políticos de la Comunidad Valenciana eran suficientemente preparados para gestionar emergencias, incluso si no podían controlar el clima. Resaltó que la falta de acción oportuna y el desdén por el conocimiento científico resultaron en la muerte de sus seres queridos, denunciando que las alertas llegaron demasiado tarde.

Álvarez consideró que, aunque no se espera que esta comisión procure condenas, sí debe servir para implementar medidas que eviten que eventos similares se repitan. La renuncia de Mazón, a su juicio, simboliza una victoria moral y un paso hacia adelante, dado que el principal responsable de la tragedia ya no está al mando de la comunidad que sufrió las consecuencias.

En un emotivo momento, se preguntó cuántas veces más tendrían que sufrir las víctimas y sus familiares para que los responsables reconocieran sus errores y enfrentaran las consecuencias de sus negligencias, afirmando que reducir a las víctimas a una cifra sería otra forma de matarlos.

Álvarez ha actualizado su compromiso de luchar un año después de la tragedia, con el objetivo de garantizar que las muertes de su padre y de los demás no queden impunes, y para que los líderes de todos los partidos, incluidos aquellos que apoyaron a Mazón, escuchen su mensaje y comprendan el impacto real de la situación.

Con anterioridad a su testimonio, la presidenta de la comisión, Carmen Martínez Ramírez, de ideología socialista, expresó su deseo de que el trabajo de la comisión pueda, aunque no consuele a las víctimas, al menos ofrecerles justicia. Prometió que este sería un espacio donde se les escucharía y se les daría reconocimiento, con el objetivo de arrojar luz sobre lo sucedido en ese día trágico y evitar que nadie más sufra tanto dolor e injusticia.

Martínez también subrayó la responsabilidad institucional del Congreso de convocar a los afectados, pero destacó que ellos han conseguido, por su humanidad, el derecho a presentar su voz en la Cámara. Les instó a los miembros de la comisión a mantener el respeto y la paciencia ante las tensiones que presumiblemente se vivirán en el proceso, asegurando que deberán estar a la altura del desafío.