Sobrevivientes de abusos en la Iglesia apoyan el nuevo protocolo de reparación, aunque muchos desconfían de la falta de criterios claros.

MADRID, 30 de marzo.

La reciente firma de un protocolo entre autoridades gubernamentales y representantes de la Iglesia en España ha despertado emociones encontradas entre las víctimas de abusos sexuales eclesiásticos. Este acuerdo, realizado el pasado lunes, tiene como objetivo establecer un mecanismo estatal de reparación para las víctimas, aunque muchos afectados critican la falta de criterios claros para las indemnizaciones.

Miguel Hurtado, conocido por ser el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, expresó su satisfacción por la creación de este mecanismo de compensación, aunque cuestionó la omisión de un baremo objetivo para determinar las indemnizaciones. "Es inaceptable que no se haya acordado un sistema claro que defina cómo se verán determinadas las compensaciones y qué cantidad se asignará según la magnitud del daño sufrido", afirmó Hurtado en comentarios a Europa Press.

El denunciante ha señalado que la ausencia de criterios claros podría interpretarse como un intento de la jerarquía católica por minimizar las repercusiones económicas de los escándalos de pederastia. Hurtado sugiere que, de haberse establecido un sistema similar al irlandés, las víctimas habrían podido recibir una compensación más justa y acorde a la naturaleza de los abusos sufridos.

Añadiendo a sus preocupaciones, Hurtado también lamentó la decisión de limitar a un año el plazo para que las víctimas soliciten las indemnizaciones, considerando que este tiempo es "claramente insuficiente".

Por su parte, Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), calificó de "hito" la firma del protocolo, aunque expresó su preocupación de que llegara demasiado tarde. Cuatrecasas criticó los retrasos en el proceso, atribuyéndolos a las "incomprensibles" reservas de la Iglesia católica, que ha sido acusada de encubrir delitos de pederastia durante años.

El portavoz de ANIR aseguró que tienen plena confianza en el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien seguramente gestionará el proceso de manera efectiva. Aplaudió el trabajo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su papel de mediador ante la Iglesia.

Respecto a la falta de baremos de indemnización, Cuatrecasas señaló que podría restar transparencia al proceso y sugirió que esta ausencia podría deberse a presiones ejercidas por la Iglesia para facilitar el acuerdo. Sin embargo, enfatizó que es fundamental contar con criterios claros de indemnización para no generar confusión o desigualdades entre las víctimas.

Mikel Eziolatza, representante de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, mostró su optimismo cauteloso. Aunque el acuerdo les brinda confianza gracias a la implicación del Defensor del Pueblo, también expresó dudas acerca de la falta de indicadores claros para las compensaciones, lo que podría resultar en un trato desigual para casos similares. Además, valoró positivamente que la atención se centre en la reparación integral, que debe incluir aspectos como el apoyo psicológico, no solo la compensación económica.

Eziolatza también solicitó que se reconozca una "incapacidad" para las víctimas que enfrentan dificultades laborales a causa de los abusos sufridos. También celebró que aquellos que ya habían sido reparados a través del Plan PRIVA puedan optar a revisión en este nuevo sistema, para asegurar que todos reciban un trato equitativo.

Manuel Barbero, fundador de la Asociación Mans Petites y padre de una de las víctimas del caso Maristas, ofreció una valoración positiva del acuerdo, aunque enfatizó la necesidad de establecer vigilancia sobre cómo se llevarán a cabo las evaluaciones y las indemnizaciones. Barbero considera que, debido a la diversidad de experiencias vividas por las víctimas, es complejo aplicar baremos rígidos en las compensaciones. Sin embargo, espera que la Iglesia actúe con generosidad frente a las víctimas en este proceso de reparación.

Desde diversas organizaciones, como Justice Initiative España y otras asociaciones de víctimas, se ha manifestado un respaldo sólido al protocolo. En un comunicado, destacaron la importancia del liderazgo de las víctimas en este proceso y la figura del Defensor del Pueblo como garante de la imparcialidad, señalando que este protocolo se asemeja al modelo suizo, conocido por su enfoque en la reparación de injusticias históricas contra menores.