En la capital española, Madrid, un reciente informe ha planteado un debate crucial sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz, situada en Extremadura. De acuerdo con este estudio, extender la vida operativa de la planta hasta el año 2030 podría acarrear unos costos adicionales de hasta 3.831 millones de euros para los consumidores, un impacto significativo en la factura eléctrica.

El análisis, que fue encargado por Greenpeace a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), se presentó hace unos días y muestra que la decisión de cerrar Almaraz de forma programada es "técnicamente viable, ambientalmente beneficiosa y económica más eficiente" frente a su posible prórroga. Esta evaluación fue realizada por el director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, junto al investigador Víctor García Carrasco, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

A través de simulaciones horarias detalladas para el período entre 2026 y 2033, los expertos analizaron la evolución de la demanda energética, la expansión de fuentes renovables, y el almacenamiento de energía, además del calendario de cierre nuclear y los precios eléctricos. Los resultados revelan que una extensión de la vida de Almaraz podría ofrecer un alivio momentáneo en el precio de la electricidad entre 2028 y 2030, pero a partir de 2031, los costos tenderían a aumentar de manera considerable.

Se estima que para 2033, el precio en el mercado mayorista de la electricidad podría alcanzar los 63,5 euros por megavatio hora, lo que representaría un incremento del 9,5% con respecto al escenario de cierre previsto. Este aumento en los costos, detallaron, podría traducirse en un sobrecosto acumulado significativo para las familias españolas.

La planta de Almaraz, que inició operaciones entre 1983 y 1984, está programada inicialmente para cerrar en los años 2027 o 2028. Sin embargo, los actuales titulares de la planta han solicitado formalmente una extensión de su actividad hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) todavía está evaluando la viabilidad de esta prórroga y tiene previsto publicar su informe en el verano próximo.

Es fundamental señalar que la decisión final sobre este asunto recae en el Gobierno, que ha establecido tres condiciones imprescindibles: garantizar la seguridad radiológica, asegurar el suministro eléctrico y asegurar que la prórroga no repercuta en mayores costos para los ciudadanos. En este contexto, se argumenta que alargar la vida operativa de la central no cumple con el criterio de viabilidad financiera, ya que implica costos adicionales para los ciudadanos y ralentiza la transición hacia energías más limpias.

Además, los investigadores sostienen que continuar con el calendario de cierre establecido se alinea mejor con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y competitividad económica del país.

Los datos indican que la energía que dejaría de producir Almaraz podría ser prácticamente sustituida por fuentes renovables, lo que sugiere una capacidad de reemplazo de hasta el 96,4% de la producción de la planta, coincidiendo con el aumento de la demanda en los años posteriores al cierre. No se pronostica, por lo tanto, una dependencia severa del gas tras el cierre programado.

Por otra parte, una prórroga de la central nuclear podría demorar significativamente la integración de nuevas capacidades renovables y de almacenamiento. Según el estudio, ello podría reducir la cobertura renovable del sistema de un 65,8% a un 59,3% para el año 2030.

El mantenimiento de la central también podría generar una señal negativa para las inversiones en energías renovables, con una proyección de pérdida acumulada que podría alcanzar hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033. En contraste, el cierre de Almaraz permitiría aprovechar más de 3,8 teravatios hora de energía limpia, cantidad que equivale aproximadamente a la mitad de la producción anual de un reactor nuclear en España.

Finalmente, en cuanto a las emisiones, el análisis indica que, aunque la prórroga podría resultar en una reducción temporal de uso de gas entre 2028 y 2030, crearía un escenario menos favorable en términos de energías renovables a partir de 2030, lo que a su vez incrementaría las emisiones en el medio plazo.

Las estimaciones sugieren que durante el período de 2026 a 2033, los escenarios de prórroga generarían entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas adicionales de CO2 en comparación con el cierre programado, un volumen comparable a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años, lo que implicaría un costo en derechos de emisión de hasta 984 millones de euros, directamente reflejado en el precio de la electricidad.