En un movimiento que genera preocupación entre sectores conservadores, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido abrir a consulta pública un proyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral. Desde mañana hasta el 7 de diciembre se recibirán aportaciones sobre esta controvertida medida, que se enmarca dentro de lo que el Gobierno de coalición califica como un "compromiso" con la mejora de las condiciones laborales.

El texto del Ministerio argumenta que es necesaria una "adecuada regulación" en la organización y limitación del tiempo de trabajo, afirmando que esto favorece la salud, la conciliación y la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, esta postura ha sido objeto de críticas por su posible impacto en la competitividad y la productividad del país.

Uno de los cambios más significativos propuestos en esta normativa sería reducir la jornada semanal máxima legal de 40 a 37,5 horas, efectiva a partir del 1 de enero de 2025. Esta decisión incluiría reglamentaciones específicas para los diferentes tipos de jornadas, lo que podría resultar en un enfoque rígido que no tome en cuenta las particularidades del mercado laboral español.

Según el Ministerio, esta reducción no responde a un capricho, sino que se basa en "poderosos argumentos" que justifican su implementación. A pesar de estas afirmaciones, muchos se preguntan si los beneficios justifican la intervención del Estado en un aspecto tan crítico de la vida laboral.

El documento también pone de manifiesto que la última regulación sobre la jornada laboral data de 1983, tiempo durante el cual la negociación colectiva ha sido la principal vía para ajustar los tiempos de trabajo. No obstante, el Ministerio critica que en sectores como la hostelería, comercio, agricultura y servicios, las jornadas se mantienen excesivamente cercanas al límite máximo, lo que provoca disparidades que el Gobierno busca rectificar.

La diferencia entre sectores se hace aún más evidente cuando se comparan las jornadas de trabajo en áreas como la educación o las finanzas, que han logrado establecer horarios incluso por debajo de la nueva propuesta de 37,5 horas. Desde el Ministerio, encabezado por Yolanda Díaz, se apela a la "intervención legal" del Gobierno para remediar esas desigualdades que se consideran "injustas".

Además, se argumenta que esta modificación legislativa está alineada con el artículo 40 de la Constitución española, que promueve un enfoque que garantice la seguridad laboral, la formación y el descanso adecuado. Sin embargo, muchos críticos sostienen que tal intervención podría generar efectos colaterales indeseados en un entorno económico ya tensionado.

El documento también justifica la necesidad de la reducción de la jornada laboral al señalar que ha habido un notable incremento en la productividad en España. Cita datos de la OCDE que muestran que, mientras la productividad por hora trabajada aumentó en un 30% entre 1990 y 2022, los salarios reales apenas crecieron un 11,5%. Esta disparidad alimenta la argumentación del Ministerio de que una reducción de la jornada laboral es moral y políticamente necesaria.

Además, se menciona que el porcentaje de la remuneración de los empleados en relación con el PIB de España ha estado alrededor del 48% durante décadas, lo que contrasta notablemente con otros países de la UE. Esto lleva al Ministerio a concluir que una reducción de la jornada laboral podría contribuir a mejorar la distribución del ingreso sin necesidad de recortes salariales.

Otro aspecto importante del anteproyecto de ley es su intención de regular el registro horario de los trabajadores, un tema que ha generado acalorados debates en los últimos tiempos. Se busca establecer un sistema robusto que permita a cada trabajador registrar su jornada de forma accesible y fiable, así como facilitar el acceso a esta información a las autoridades competentes.

Las implicaciones legales por incumplimientos también están en la agenda, así como la creación de un marco claro para el cumplimiento de las regulaciones. En cuanto al derecho a la desconexión, se propugna su inclusión en un ámbito legislativo que asegure que ningún trabajador sufra represalias por no atender comunicaciones fuera de su horario laboral.

Este enfoque, aunque pretende modernizar la relación laboral, ha suscitado críticas respecto a si realmente responde a las necesidades del mercado o si, por el contrario, representa un exceso de regulación que podría obstaculizar el crecimiento y la creación de empleo.