En Madrid, 30 de marzo. Save the Children ha iniciado su intervención humanitaria en respuesta al devastador terremoto que sacudió Birmania el pasado viernes, afectando a aproximadamente 6,7 millones de menores. Las estimaciones actuales sugieren que la tragedia ha causado la muerte de al menos 1.650 personas, aunque estas cifras podrían incrementarse a medida que continúan las evaluaciones.
La ONG ha destacado la enorme demanda de recursos básicos, como agua, alimentos y asistencia médica para las familias afectadas. Según su informe, los hospitales y clínicas del país están colapsados, con miles de heridos que requieren atención, mientras que muchas familias han buscado refugio en monasterios, campos deportivos y otras áreas abiertas ante el temor a nuevas réplicas sísmicas.
Desde el estado de Shan, un habitante ha expresado su angustia por la destrucción en su localidad, donde unas 200 edificaciones han quedado arrasadas. Además, se ha reportado que entre 1.200 viviendas y tres escuelas han sufrido daños severos o han sido completamente destruidas en la región.
En consecuencia, se ha declarado el estado de emergencia en las seis regiones más afectadas: Sagaing, Mandalay, Magway, Bago, Shan y Naypidó, la capital, donde residen más de 28 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Birmania.
Asimismo, es importante señalar que Save the Children no solo está operando en Birmania, sino que también está llevando a cabo labores en Tailandia, donde se han confirmado al menos 17 víctimas por el terremoto. En la frontera entre ambos países, 28.000 niños se encuentran desplazados debido a esta calamidad natural.
El director regional interino de la ONG, Jeremy Stoner, ha elogiado los esfuerzos de la organización para atender las necesidades urgentes y vitales de las familias afectadas. Stoner ha manifestado la urgencia de proporcionar alimentos, agua potable, atención sanitaria, refugio, kits de higiene, apoyo financiero y servicios de protección para la infancia.
Advertencias han sido emitidas sobre los riesgos que enfrentan los niños en la zona, quienes podrían sufrir consecuencias a largo plazo por la pérdida de padres y cuidadores, así como por la destrucción de escuelas y entornos familiares. Estos factores podrían tener un impacto significativo en su salud mental futura.
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