Un reciente informe del Ministerio de Sanidad ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los afiliados a Muface sean integrados en el sistema sanitario público. En este contexto, se considera que, por primera vez en muchas décadas, esta integración se presenta no solo como una opción viable, sino también razonable. La propuesta incluye un enfoque gradual y estratificado, priorizando a aquellos mutualistas que se encuentran en situaciones críticas, lo que implicaría la necesidad de una renegociación temporal tras una prórroga de los acuerdos existentes.

La revelación del informe titulado 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud' ocurrió el lunes, a raíz de la anulación de la licitación para la cobertura sanitaria de funcionarios mutualistas que se había planteado para los próximos dos años, debido a la falta de respuesta de las aseguradoras privadas. Este escenario ha llevado al Ministerio, bajo la dirección de Mónica García, a considerar seriamente una reestructuración del sistema de atención sanitaria para estos ciudadanos.

A pesar de esta propuesta, el informe reconoce que, si finalmente se decide avanzar con la inclusión de los mutualistas en el sistema público, será necesario realizar estudios más profundos. Se menciona la importancia de utilizar los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las comunidades autónomas y con Ingesa para realizar un análisis más exhaustivo. Sin embargo, el documento concluye que el modelo actual de Muface resulta insostenible, incluso con una considerable ampliación de la cápita asignada.

Las razones detrás de esta insostenibilidad se atribuyen, en gran medida, a la negativa de las aseguradoras privadas a aceptar las condiciones impuestas por el Gobierno, así como al notable envejecimiento de la población mutualista. Ambos factores incrementan los costos y dificultan la realización de ajustes en el futuro. En este sentido, se propone que se garantice la continuidad de la atención, asegurando calidad y seguridad, especialmente para pacientes en situaciones críticas, como aquellos con cáncer en fase terminal, y aprovechando las fortalezas que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención en general.

Además, aunque el informe considera la posibilidad de aumentar la financiación para las aseguradoras privadas, se encuentra con la realidad de que este enfoque podría resultar insuficiente, ya que las aseguradoras demandan un aumento superior al 40% en comparación con las condiciones de financiación actuales. Este aumento ha sido calificado como 'insostenible', ya que no aborda la tendencia de largo plazo del envejecimiento en la población mutualista de Muface, y se critica por ser 'inequitativo', dado que los aumentos porcentuales propuestos serían impensables en el contexto de la provisión pública directa.

El informe resalta que adoptar esta propuesta implicaría retrasar una decisión que, en última instancia, habrá que tomar más adelante. Por lo tanto, se sugiere prorrogar el concierto actual durante 9 meses, en los cuales el SNS asumiría la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface. Durante este período, se plantea que la integración de los pacientes al SNS se realice de forma gradual, priorizando a aquellos que requieren tratamientos crónicos complejos.

A fin de garantizar una transición adecuada, se desarrollaría un plan con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención sin duplicidades y garantizando la calidad del servicio. En los primeros cuatro meses de esta transición, se mantendría un compromiso con una lista de espera quirúrgica cero. También se implementaría un plan de comunicación para mantener informada a la población sobre la nueva situación que se está gestando.

El mencionado plan deberá identificar a los pacientes que están actualmente en tratamientos terapéuticos y que requieren continuidad. Estos pacientes, especialmente si presentan situaciones críticas como estar en fase terminal o tener una complejidad muy alta en sus tratamientos oncológicos, podrían ser considerados para una renegociación temporal excepcional que les permita extender su aseguramiento durante un año más allá del término de la prórroga inicial.

Finalmente, en lo que respecta a la financiación, se determinó que los fondos destinados a las aseguradoras serían transferidos a las comunidades autónomas, asegurando que dicha inversión se utilice de manera finalista en los servicios autonómicos de salud durante los primeros tres años de la implementación del plan.