Moldavia ha rechazado las recientes acusaciones lanzadas por el Servicio de Inteligencia de Rusia, que sostiene que la presidenta Maia Sandu estaría apuntando hacia una confrontación bélica en la disputa por la región separatista de Transnistria. Moscú ha alegado que "nadie puede garantizar" la seguridad en esa área conflictiva.

Este señalamiento se produce tras un llamado de Sandu para que se inicie una operación militar destinada a recuperar el control sobre Transnistria, así como un plan que contempla la retirada del contingente de paz ruso que actualmente se encuentra en la región. Fuentes de inteligencia rusas han expresado sus preocupaciones sobre los posibles destinos de estas acciones.

Las afirmaciones del Servicio de Inteligencia ruso también hacen eco de un profundo malestar entre los moldavos, rememorando la violencia de los enfrentamientos de 1992. "Muchos se preguntan cuánto podrá resistir el pueblo moldavo los experimentos de la presidenta Sandu, quien es acusada de intentar apoderarse, por la fuerza, de la central termoeléctrica de Cuciurgan", mencionaron, subrayando la importancia crítica de esta instalación que provee energía al casi total del país, pero que depende del suministro de gas ruso a través de Ucrania.

A la luz de los recientes trámites por parte de las autoridades ucranianas, que han decidido no extender el tránsito de gas a partir de enero, se anticipa que esta central podría quedarse sin combustible, lo que desencadenaría una crisis interna considerable. La Inteligencia de Rusia ha criticado a Sandu por no abordar esta delicada cuestión con Kiev, a pesar de su evidente relevancia.

Por otro lado, el jefe de la administración presidencial de Moldavia, Adrian Balutel, ha reafirmado que la intención de Chisináu es buscar una "solución pacífica" a las tensiones existentes con Transnistria. Balutel enfatizó que el gobierno no contempla "la opción de la acción militar" y que el camino primordial hacia la resolución del conflicto es la salida total de las tropas rusas que se encuentran en Moldavia de manera ilegal.

En sus declaraciones, el funcionario moldavo criticó la "histeria anti-Moldavia" que ha surgido recientemente en Tiraspol, así como las maniobras de Moscú y sus aliados a cada lado del río Dniéster, que intentan responsabilizar al gobierno moldavo por una hipotética crisis energética y humanitaria en las regiones orientales. Balutel interpretó estas acciones como parte de un intento más amplio de Rusia por "desestabilizar la situación" en Moldavia.

Sobre la cuestión del suministro de gas, Balutel afirmó que existe un acuerdo entre Moldovagaz y Gazprom, el cual asegura el abastecimiento "independientemente de las rutas de tránsito". No obstante, subrayó que los problemas en el suministro son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Gazprom, según se desprende de informaciones publicadas en el portal moldavo Newsmaker.

En el contexto de una crisis moldava en evolución, los resultados de las elecciones presidenciales de octubre y el referendum en torno a la reforma constitucional, que busca afianzar el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, revelan la intensa polarización que caracteriza al país. Este se encuentra bajo el creciente influence de Rusia, mientras Chisináu busca estrechar lazos con Bruselas en medio de la invasión de Ucrania.

Moldavia, que cuenta con aproximadamente 2,5 millones de habitantes y una región separatista que se alinea con Moscú, ha alternado sus relaciones con Rusia desde la Guerra Fría. A pesar de que las autoridades moldavas han buscado referenciar políticas más alineadas con Occidente desde la llegada de Sandu al poder en 2020, la presencia de más de mil efectivos rusos en Transnistria sigue siendo un obstáculo significativo para el gobierno moldavo, que ha estado sufriendo la presión constante ejercida por Moscú, especialmente en los últimos dos años.