El reciente anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica ha vuelto a poner en el punto de mira a las distintas comunidades autónomas, que están expresando sus deseos sobre cuáles deberían ser los criterios prioritarios en esta nueva propuesta. Algunos territorios subrayan la importancia de considerar la población ajustada, otros se inclinan hacia el Producto Interior Bruto (PIB) regional, mientras que una gran mayoría pide atención a problemas como la despoblación y el envejecimiento de la población.

El Gobierno central aún no ha ofrecido detalles concretos sobre su plan, limitándose a señalar su intención de combinar enfoques multilaterales y bilaterales en el proceso de revisión. Hay que recordar que la última propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, que enfatizaba la población ajustada, no prosperó en su momento.

Ahora, queda por aclarar si el ministerio se basará en la propuesta anterior o si está considerando adoptar un enfoque completamente nuevo. Las comunidades autónomas y el Gobierno han señalado que se prevén cambios significativos en el modelo de financiación que se está gestando.

En particular, se estima que la eliminación de las entregas a cuenta, componente esencial del modelo actual, será una de las reformas más notables. Este nuevo esquema también deberá reconocer la singularidad de Cataluña, un aspecto que fue acordado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Govern de Salvador Illa.

El intercambio sobre dicho modelo de financiación autonómica ha suscitado posturas encontradas a nivel territorial. Algunas comunidades sostienen que es fundamental tener en cuenta la dispersión territorial, mientras que otras defienden prioritarios otros criterios.

En términos generales, muchas comunidades autónomas exigen que se ponga énfasis en la despoblación y el envejecimiento poblacional, temas que generan un considerable gasto para las administraciones regionales. Ocho regiones, en concreto, han pedido que estos factores sean priorizados: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Hace algunos años, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lideró una reunión con otros siete presidentes autonómicos para redactar un documento en el que se instaba a considerar estos criterios en la financiación.

Por otro lado, hay comunidades que han sido catalogadas como 'infrafinanciadas', que llevan tiempo demandando la creación de un fondo de nivelación provisional mientras se lleva a cabo la reforma del modelo de financiación.

Asimismo, estas regiones abogan, al igual que la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, por que se dé prioridad a la población ajustada en el nuevo modelo. Mientras tanto, las comunidades más fuertes económicamente, como Madrid, Cataluña y Baleares, destacan la necesidad de incorporar el PIB regional como un criterio clave.

No obstante, Baleares y Canarias también sugieren que se considere el factor de insularidad para equilibrar su situación en este sistema de financiación que está siendo revisado.

Finalmente, el Gobierno persiste en que cualquier consenso sobre el modelo de financiación autonómica debe incluir la colaboración entre las dos principales formaciones políticas del país, lo que implica un acuerdo entre el PSOE y el PP. De esta manera, el Ejecutivo está instando al liderazgo del PP a adoptar una postura común para negociar este modelo, a pesar de que los distintos líderes territoriales del partido están demandando enfoques diversos.