En Madrid, el 21 de noviembre, se ha desatado un debate entre las víctimas de abusos sexuales en el contexto eclesial respecto a la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Pleno del Congreso. Mientras algunas consideran este evento un acto admirable, otros lo describen como "desangelado". Sin embargo, todos coinciden en un punto crucial: si se establecen indemnizaciones para las víctimas, estas deben financiarse exclusivamente con fondos provenientes de la Iglesia.

José Luis Pérez, portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, expresó su firme postura en declaraciones a Europa Press: "Si hay algún tipo de reparación, por supuesto, tiene que salir de las arcas de la Iglesia. Jamás el pueblo tiene que pagar por esto; ya hemos pagado nosotros". Su mensaje es claro: quien debe asumir la responsabilidad son aquellos que perpetraron los abusos y la Iglesia, que estaba a cargo de su cuidado.

Las palabras de Pérez surgen en el contexto de la reciente declaración de varios grupos parlamentarios, como ERC, Sumar y EH Bildu, quienes abogan por el establecimiento de un fondo de indemnizaciones financiado únicamente por la Iglesia. Aunque Pérez admitió que nunca había considerado la posibilidad de compensaciones económicas, ahora ve en ellas una forma de "hacer un poco más fácil la vida" a las víctimas que han sido afectadas por "estos demonios".

En cuanto a la intervención de Gabilondo, Pérez, quien la siguió por televisión, indicó que su comparecencia fue motivo de "aplauso" y mostró su agradecimiento tanto al Defensor del Pueblo como a la mayoría de los grupos parlamentarios. No obstante, no pudo evitar criticar la posición de Vox, que según él, "lleva la bandera del odio siempre colocada".

Pérez también hizo un llamado a los políticos y a la sociedad en general para que "no se olviden de las víctimas". Esta comparecencia marca la culminación de la encomienda presentada al Defensor del Pueblo el 10 de marzo de 2022, y Pérez enfatizó que "el sufrimiento no termina ni con indemnización ni sin indemnización, esto no termina hasta que termine nuestra vida".

En contraste, Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso de abusos en la abadía de Montserrat, calificó la presentación como "desangelada". Hurtado lamentó la ausencia de figuras clave en el Pleno, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se preguntó retóricamente: "Un informe oficial que denuncia que 440.000 menores han sido víctimas de abusos sexuales en instituciones católicas, ¿no se merece la presencia del presidente del Gobierno, el líder de la oposición, el ministro de Justicia y la ministra de Infancia?".

Para Hurtado, la falta de participación de estos líderes demuestra "una absoluta falta de compromiso político en la implementación de un plan integral de reparación para las víctimas". Considera que tanto el Parlamento como el Gobierno deberían comprometerse a asegurar que las indemnizaciones sean pagadas únicamente por la Iglesia y a establecer garantías de no repetición, entre las que sugiere la imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia.