El Gobierno británico, bajo la dirección del laborista Keir Starmer, se encuentra en una encrucijada respecto a sus ambiciosos objetivos de ventas de automóviles eléctricos, enfrentándose a una creciente presión por parte de la industria automotriz y a una desaceleración global del sector. Esta incertidumbre ha llevado al Ejecutivo a abrir un periodo de consulta de hasta ocho semanas, donde se solicitará a los fabricantes su opinión sobre la progresiva eliminación de los vehículos de combustión de gasolina y diésel.

En la actualidad, el Departamento de Transporte se comprometió a prohibir la venta de automóviles con motor de combustión para el año 2030. Sin embargo, ahora se están realizando interrogantes sobre la viabilidad de este plan, con el objetivo de determinar si el actual marco normativo está ofreciendo el apoyo necesario a los fabricantes de automóviles, según lo reportan medios británicos consultados por Europa Press.

El secretario de Comercio y Negocios, Jonathan Reynolds, declaró hace poco que las cuotas establecidas, que requieren que el 22% de los coches y el 10% de las furgonetas nuevas vendidas por cada fabricante este año sean de cero emisiones, no están cumpliendo con las expectativas iniciales. Hasta este momento, cifras de la patronal han señalado que los autos eléctricos han representado solo el 18,7% de las ventas totales de enero a noviembre en Reino Unido.

Mike Hawes, director ejecutivo de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), expresó en días recientes su preocupación, señalando que, a pesar de que se están fabricando vehículos eléctricos, la demanda no resulta ser suficiente para sostener los objetivos establecidos.

Sin embargo, en un esfuerzo por mitigar los desacuerdos con grupos ecologistas y defensores de la eliminación del vehículo de combustión, el Departamento de Transporte ha aclarado que la consulta no pretende abandonar la intención de dejar de vender automóviles contaminantes para el año 2030. En cambio, se busca explorar la posibilidad de implementar medidas de apoyo complementarias para la industria, además de considerar la venta de vehículos híbridos junto a los modelos de cero emisiones entre 2030 y 2035.

Actualmente, el Gobierno británico impone a los fabricantes la obligación de que al menos el 22% de sus ventas sean de coches eléctricos. Esto significa que cada fabricante debe esforzarse para que uno de cada cinco vehículos vendidos sea completamente eléctrico, de lo contrario, se enfrentarán a multas que pueden alcanzar hasta las 15.000 libras esterlinas por cada auto eléctrico que no logren vender antes de fin de año.

Este objetivo del 22% se irá incrementando anualmente, alcanzando el 100% para 2035. Las metas intermedias estipulan un aumento al 28% en 2025, al 33% en 2026, al 38% en 2027, al 52% en 2028, al 66% en 2029, y al 80% en 2030, año en el que también se prohibirá la venta de nuevos coches híbridos.

Recientemente, el fabricante Stellantis señaló que la normativa climática del Reino Unido está contribuyendo al inminente cierre de su planta de furgonetas Vauxhall en Luton, lo que podría resultar en la pérdida de más de 1.100 empleos, aunque la compañía espera trasladar a "cientos" de empleados a la fábrica en Ellesmere Port. Esta transición requerirá una inversión superior a los 50 millones de libras (aproximadamente 59,85 millones de euros) para adecuar la planta de Ellesmere Port.

Además, en julio, Maria Grazia Davino, responsable de Stellantis en el Reino Unido, advirtió que la automotriz podría detener su producción de vehículos en el país en menos de un año si el Gobierno británico no toma medidas urgentes para estimular la demanda de coches eléctricos. Por su parte, Ford ha anunciado recientemente un plan de reestructuración de sus operaciones en Europa, que incluye la eliminación de 800 puestos de trabajo en el Reino Unido como parte de una reducción más amplia de hasta 4.000 puestos en el continente europeo.