La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido su posición respecto al uso de pantallas entre los menores, enfatizando que no se trata de un rechazo absoluto al entorno digital. En sus declaraciones, ha dejado claro que su intención es gestionar esta cuestión de manera ordenada y constructiva.

Desde su perspectiva, la discusión sobre el uso de las pantallas debe estar integrada con el debate más amplio sobre la reducción de la jornada laboral y la promoción de políticas que faciliten la conciliación familiar. En una reciente entrevista con Europa Press, Rego indicó que el objetivo principal es que los niños dispongan de más tiempo para compartir con sus familias, algo que puede lograrse a través de una jornada laboral más corta y políticas favorables a la conciliación.

Esta postura responde a un contexto en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con un mantenimiento del salario, medida que entrará en vigor antes de que finalice el año 2025, tal como se estableció en el acuerdo de investidura.

Rego ha subrayado también la relevancia de la conciliación de la vida personal en todos los ciudadanos españoles, en particular para aquellos que tienen hijos. Además, ha destacado la necesidad de transformar las ciudades en espacios que consideren la perspectiva infantil y de fomentar el derecho de los menores al juego, lo cual implica garantizar que los niños dispongan de áreas físicas adecuadas para interactuar con sus familias y socializar fuera del ámbito digital.

Basándose en las conclusiones de un grupo de 50 expertos convocados por el Gobierno, la ministra ha expuesto que, para los niños de 0 a 6 años, sería óptimo «no contar con pantallas»; entre los 6 y los 10 años, el uso de dispositivos debería ser controlado y limitado; y, para los adolescentes de 12 a 16 años, sugiere que un teléfono móvil sin conexión a Internet podría ser una opción más adecuada.

En este sentido, Rego ha dejado claro que su postura no se articula en torno a un rechazo absoluto a la tecnología digital, sino que busca un enfoque que priorice la ordenación y protección de los derechos y libertades de los menores en el contexto digital.

Asimismo, ha resaltado el trabajo “serio y riguroso” realizado por los expertos, que proponen diversas medidas de regulación adaptadas a diferentes etapas de desarrollo infantil, destacando que el uso de pantallas no es beneficioso durante los primeros años de vida.

Si bien reconoce que el entorno digital ofrece múltiples oportunidades, también ha advertido sobre los retos significativos que presenta. Rego ha señalado que, si bien la digitalización ha permitido superar ciertas barreras comunicativas, también ha traído consigo nuevos debates y vulnerabilidades para las cuales la sociedad no estaba preparada.

Por ello, ha enfatizado en la necesidad de crear, fundamentándose en evidencia científica, mecanismos firmes para regular los entornos digitales. Según Rego, es esencial que el Gobierno se comprometa desde el inicio a identificar no solo el debate, sino las medidas que se deben implementar en la agenda pública y a nivel legislativo.

Un dato a considerar es que 35 de las 107 medidas sugeridas por el grupo de expertos ya se encuentran incluidas en el anteproyecto de ley dedicado a los entornos digitales seguros. La ministra ha manifestado su interés en proporcionar a las familias recomendaciones claras que les permitan desenvolverse con seguridad en el entorno digital, garantizando sus derechos.

Rego también ha indicado que un entorno digital sin ningún tipo de control público puede derivar en situaciones problemáticas. Ha argumentado que, dado que las interacciones sociales en este ámbito abarcan aspectos económicos, políticos, afectivos y laborales, es crucial establecer un marco de control y garantía para poder afrontarlas de manera adecuada.

En otro orden de cosas, la ministra ha tratado el tema del nuevo real decreto de alimentación saludable en los comedores escolares, un esfuerzo conjunto de varios ministerios liderados por el de Derechos Sociales. Este decreto aspira a fomentar hábitos nutricionales saludables, basándose en evidencias científicas, que se integren en la cultura y en la educación de los niños.

Al ser interrogada sobre cómo esta medida podría afectar el costo de los comedores escolares para las familias, Rego ha manifestado que el Estado tiene siempre presente la cuestión financiera en sus acciones, pero también ha instado a las comunidades autónomas a colaborar en este objetivo.

La ministra ha criticado a la Junta de Andalucía por devolver recursos destinados a la educación pública universal para niños de 0 a 3 años y por el cierre de plazas en comedores escolares en Extremadura, advirtiendo que estas decisiones son problemáticas. Ha argumentado que es insuficiente que el Gobierno impulse políticas que amplíen derechos si luego las comunidades autónomas no se comprometen con estas iniciativas.

Por último, Rego ha insistido en la importancia de una buena coordinación en la implementación de programas y en el desarrollo de políticas públicas que beneficien a la infancia, reafirmando el compromiso del Gobierno en este ámbito para proporcionar una mejor calidad de vida a los más jóvenes.