En un discurso reciente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la urgencia de actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su propuesta se centra en la creación de una legislación específica que aborde la violencia vicaria, un tema que, según ella, requiere una atención inmediata en el panorama legal español.

Este llamado a la acción se produce poco después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada decidiera inhibirse del caso de Juana Rivas. La decisión también implica que no se tomarán medidas de protección adicionales para su hijo menor. La situación ha generado un amplio debate sobre la protección de los derechos de los infantes en contextos de controversias familiares.

El juez responsable ha determinado que no tiene competencia en este asunto y ha transferido el caso al Juzgado de Instrucción 4 de Granada. Sin embargo, las decisiones cautelares previamente establecidas se mantendrán en vigor, asegurando que el menor no sea trasladado fuera del país hasta que se clarifique la situación judicial.

En medio de estas complicaciones legales, Redondo ha expresado su preocupación por la "indeterminación o discrepancias" en torno a qué juzgado debe tener la autoridad para decidir sobre el bienestar del menor. Ha enfatizado que, a pesar de la independencia del Poder Judicial, el interés superior del niño debe prevalecer ante todo. Esto incluye escuchar su voz, garantizar su seguridad y evitar que esté en contacto con cualquier figura que represente una amenaza, refiriéndose, en este caso, a la figura del padre.

La ministra recordó que tanto los juzgados especializados en violencia de género como aquellos de instrucción y familia tienen la responsabilidad de proteger al menor, en cumplimiento de las obligaciones que España ha adquirido bajo convenciones internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul.

Redondo también destacó que el reglamento del Consejo de la Unión Europea ofrece la posibilidad de rechazar la aprobación de decisiones de otros Estados en lo que respecta a la responsabilidad parental. Este escenario se contempla cuando tales resoluciones son claramente incompatibles con el orden público, el cual consideró esencialmente constitucional, ya que debe proteger los derechos de todos los individuos involucrados por igual.

Finalmente, la ministra concluyó enfatizando que el orden público en una democracia debe garantizar la defensa de los derechos, poniendo de relieve la necesidad de proteger tanto al menor como a su madre en situaciones de vulnerabilidad.