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Política 28 de Abril de 2026 · 11:30h 2 min de lectura

Pujol Ferrusola niega recibir fondos de constructoras en Andorra y relaciones con la Generalitat

Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, ha negado ante la Audiencia Nacional haber recibido dinero en Andorra de las empresas Isolux Corsán y Copisa. Además, ha asegurado no mantener vínculos con la Generalitat de Cataluña.

El juicio, centrado en presunto enriquecimiento ilícito del clan Pujol, investiga fondos supuestamente obtenidos y gestionados de forma irregular. La fiscalía reclama penas que alcanzan los 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola y multas millonarias, además de exigir la devolución de más de 45 millones de euros.

El primogénito ha explicado que sus movimientos financieros se basaron en la venta de láminas financieras y en la distribución de herencias familiares, en un contexto de operaciones que, según afirma, no implican trasvases ilegales entre países. También ha declarado que las operaciones con su hermano Josep fueron simples compensaciones de deudas heredadas.

Estas declaraciones se producen en un momento en que la causa judicial refleja la complejidad del entramado familiar y empresarial en torno a la familia Pujol, que durante décadas fue una referencia en la política catalana. La investigación busca esclarecer si existieron fondos ocultos o transferencias ilícitas.

El caso, además de ser un desafío para la imagen de uno de los clanes políticos más influyentes de Cataluña, refleja las tensiones institucionales y judiciales en torno a la gestión de la familia Pujol, en un escenario donde se cuestiona la transparencia y el posible uso de recursos públicos y privados con fines ilícitos. La resolución del proceso podría tener repercusiones en la percepción del sistema judicial y en la política regional.

De cara al futuro, el desarrollo de la causa y las decisiones judiciales marcarán un precedente en la lucha contra la corrupción y en la rendición de cuentas de figuras públicas en España, en un contexto de mayor exigencia social y política en transparencia y justicia.

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