PSOE solicita detención preventiva de ex alto cargo del Interior por temor a fuga en caso Kitchen.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado este lunes una solicitud ante la Audiencia Nacional para que se imponga prisión provisional a Francisco Martínez, quien ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016. Esta petición se basa en la percepción de un riesgo de fuga justo antes del inicio del juicio, programado para el 6 de abril, relacionado con la conocida 'Operación Kitchen', un supuesto plan de carácter parapolicial destinado a sustraer documentación del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

En el mismo escrito, el PSOE también demanda prisión preventiva para el comisario Andrés Gómez, citando razones similares de riesgo de fuga. La intención es asegurar la comparecencia de ambos en el proceso judicial y preservar la integridad del juicio, así como la validez de una posible sentencia condenatoria.

Los socialistas argumentan que no ha habido una investigación exhaustiva sobre la capacidad económica de los acusados o, en su defecto, que se les haya limitado el acceso a información relevante al respecto. De este modo, consideran que se justifican las medidas solicitadas.

El PSOE, que actúa como acusación popular en este caso, destaca que Martínez enfrenta cargos por delitos que, al ser considerados en su conjunto, conllevan penas que superan significativamente los dos años de prisión. Los delitos incluyen malversación, organización criminal, violación de la intimidad, revelación de secretos y cohecho, entre otros.

Además, se menciona que Martínez tiene vínculos familiares en México, lo que facilita su desplazamiento a dicho país, incrementando así las preocupaciones sobre su posible fuga.

En su declaración, el PSOE señala que Martínez no solo está acusado de pertenecer a una organización criminosa que perpetró ciberataques contra bases de datos correspondientes a la Administración Pública, sino que también estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025. Adicionalmente, está siendo investigado por su implicación en el caso de la denominada 'policía patriótica' relacionado con el partido Podemos.

Frente a esto, los socialistas sostienen que la trayectoria delictiva de Martínez se extendería del año 2013 hasta su última detención en 2025, lo que pone en entredicho su actual estatus como funcionario público y su papel como letrado en las Cortes. Señalan que resulta difícil entender cómo la combinación de viajes internacionales, responsabilidades familiares y los gastos asociados a la defensa en diversos casos penales complejos se pueden sostener con su salario, lo que despierta sospechas sobre posibles fuentes de ingreso alternativas que no han sido aclaradas.

El PSOE también incluye en su solicitud la prisión provisional para el comisario Gómez Gordo, otro de los acusados en el juicio. Argumentan que el riesgo de fuga es mayor dada la inminente posibilidad de una pena de inhabilitación, ya reconocida en un fallo judicial, lo que podría eliminar su conexión con el país como miembro de la Policía y, por ende, debilitaría su compromiso con el proceso judicial.

Finalmente, se cuestiona cómo el comisario puede afrontar los costes de su defensa en múltiples causas penales complejas con los ingresos que percibe como funcionario, insinuando que también podría contar con ingresos de fuentes no aclaradas.