MADRID, 30 de diciembre.

El próximo 1 de enero, se llevará a cabo la segunda prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al año 2023. Esto ocurre en un contexto de expectativa, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de presentar y aprobar unas nuevas cuentas públicas para el ejercicio 2025 en la primera parte del año.

Con esta medida, se marca un hito en la historia reciente de la democracia española, al ser la décima ocasión en la que se opta por la prórroga presupuestaria. Anteriormente, esto sucedió en los años 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones en 2018. Sin embargo, es la primera vez que las cuentas del 2023 se prorrogan en dos ocasiones, lo que suscita interrogantes sobre la estabilidad y el manejo de las finanzas públicas por parte del actual Ejecutivo.

A pesar de la situación, el Gobierno no ceja en su empeño por trabajar en la redacción de nuevos presupuestos, subrayando que la aprobación de estos sigue siendo una de sus prioridades. La capacidad del ejecutivo para contar con el apoyo necesario en un Parlamento fragmentado se presenta como un desafío significativo. La reciente reforma fiscal, no obstante, se presenta como un factor que podría facilitar la obtención de los votos requeridos para avanzar en esta dirección.

Es importante destacar que la necesidad de prorrogar los presupuestos ha llevado al Consejo de Ministros a aprobar un acuerdo que establece los criterios bajo los cuales se aplicará esta prórroga. Así, se mantendrán vigentes los criterios actuales, ya que en 2024 no se logró la aprobación de las cuentas públicas.

El Gobierno ya ha delineado la senda fiscal y el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para el Presupuesto del Estado en 2025, fijado en una cifra sin precedentes de 199.171 millones de euros. Sin embargo, este planteamiento aún queda a la espera de la ratificación por parte de las Cortes Generales.

La trayectoria fiscal que propone el Ejecutivo apunta a un déficit público del 2,5% para 2025, 2,1% para 2026 y 1,8% para 2027. Además, se prevé una reducción de la deuda pública por debajo del 100% al final del periodo, en un contexto donde se reactivarán las reglas fiscales europeas, que se encuentran suspendidas desde 2020 debido a la crisis provocada por el Covid-19.

Los planes fiscales se apoyan en una visión macroeconómica que el Gobierno califica de "sólida", a pesar de las adversidades como el impacto de la DANA. Las previsiones del Ejecutivo contemplan un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7% en 2024, del 2,4% en 2025 y del 2,2% en 2026.

Por otro lado, organismos como el Banco de España muestran un optimismo mayor con respecto a la evolución de la economía española en los próximos años, estimando un crecimiento del PIB del 3,1% en 2024 y del 2,5% en 2025. Este impulso se atribuye tanto al consumo privado como al público, elementos clave para la recuperación económica.

En el ámbito laboral, el Gobierno prevé la creación de aproximadamente 500.000 nuevos empleos anualmente, con la expectativa de superar los 22 millones de ocupados para el año 2025. Asimismo, la tasa de desempleo podría continuar su descenso, pasando del 11,2% en 2024 al 10,2% en 2025 y llegando al 9,7% en 2026.