En un debate reciente en el Congreso, los partidos de la oposición, incluyendo al PP, Vox y Junts, confirmaron su intención de rechazar la convalidación del polémico decreto conocido como el "escudo social". Este decreto contempla medidas como la moratoria en desahucios y la prohibición de cortes de servicios básicos para ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Los críticos han calificado estas iniciativas del Gobierno como una "vergüenza".

Durante la discusión, se expusieron varios aspectos del decreto que también incluye beneficios fiscales destinados a ayudar a las víctimas de incendios y fenómenos meteorológicos adversos. Los representantes de PP, Vox y Junts fundamentaron su oposición en la convicción de que tal legislación fomenta la okupación de viviendas mediante la prohibición de desalojos para aquellos que se encuentran en dificultades económicas.

El Ejecutivo, visiblemente molesto por la postura de la oposición, fue defendido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En su intervención, Bolaños instó a los partidos que planean votar en contra a revisar su historial, recordándoles que en el pasado habrían apoyado un decreto que contenía las mismas medidas de protección que ahora critican. Acusó a la oposición de utilizar una narrativa engañosa respecto a los okupas, asegurando que estas personas no se beneficiarán de la ley y que al votar en contra solo generan desconfianza entre quienes están más necesitados.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también se sumó a la defensa del decreto, instando a aquellos que se oponen a reconsiderar su posición, señalando que su decisión podría tener consecuencias devastadoras para numerosas familias. En este contexto, Aina Vidal, representantes de Sumar, atacó duramente a Vox y al PP, acusándoles de ser cómplices de fondos de inversión que buscan beneficiarse de la situación crítica de la vivienda.

Por su parte, Ione Belarra, líder de Podemos, no escatimó críticas hacia los partidos opositores, sugiriendo que les falta empatía al no pensar en el sufrimiento que enfrentan las familias al borde del desahucio. Expresó el deseo de que estos partidos comprendan el dolor que significa perder un hogar, especialmente con niños y ancianos en la familia.

Los representantes de Esquerra Republicana y EH Bildu también se unieron al coro de opositores del rechazo al decreto, argumentando que desahuciar a una persona no debe ser considerado un delito. Otros diputados, como los de Compromís y BNG, expresaron su apoyo, aunque señalaron que las medidas planteadas son insuficientes ante la magnitud de la crisis habitacional.

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, criticó al Gobierno por no poder reunir el respaldo necesario para garantizar la aprobación del decreto, advirtiendo que la falta de consenso resulta en un vacío de soluciones para quienes más lo necesitan.

La diputada de Junts, Marta Madrenas, acusó al Ejecutivo de utilizar el mismo decreto para abordar diferentes temas, como la moratoria y las ayudas eléctricas, denunciando lo que consideró un chantaje político. Reiteró la postura de su partido de apoyar un escudo social, pero rechazar cualquier medida que favorezca a los okupas.

Desde el PP, José Vicente Marí Bosó recordó que el decreto anterior se aprobó con la posibilidad de introducir enmiendas, subrayando que no se han hecho progresos en esa dirección debido a la resistencia del Gobierno. Insistió en que la reducción de la pobreza en este contexto se ha visto afectada, bromeando sobre la efectividad del escudo social en vez de mejorar la situación de los ciudadanos.

Finalmente, Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda de Vox, criticó al Gobierno por alardear de logros en materia de vivienda mientras no se han construido suficientes hogares y la situación de las personas vulnerables sigue sin respuesta adecuada. Asimismo, Alberto Catalán de UPN, se unió a la crítica, denunciando la fusión de diferentes tipos de ayudas dentro del mismo decreto como una táctica poco ética.