La situación política en España se ha visto sacudida por la reciente renuncia de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, un hecho que el Partido Popular ha calificado de grave y oportuno para el debate sobre la integridad de las instituciones. Este lunes, la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Ester Muñoz, utilizó su cuenta en la red social 'X' para señalar que el cese por imperativo legal no implica un abandono voluntario del cargo, sino que se trata de una expulsión por conductas delictivas.

García Ortiz decidió dimitir tras ser condenado el 20 de noviembre por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación debido a un delito de revelación de secretos vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En una carta dirigida al ministro de Presidencia, el fiscal expresó que su renuncia es resultado de un profundo respeto a las decisiones judiciales, incluso antes de conocer los detalles de la sentencia.

Esta acción ha generado diversas reacciones entre los miembros del Partido Popular. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, comparó la honestidad de García Ortiz con la de un conocido torero, afirmando que Rafael Guerra, conocido como Guerrita, fue más directo en su despedida del mundo del toreo en 1889, al declarándose víctima de un despido y no de una renuncia.

En esta línea, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, subrayó que el fiscal general fue más leal al Gobierno que a los principios de la ley y al bienestar de los ciudadanos, sugiriendo que su trayectoria había cambiado de perseguir delitos a convertirse en uno de ellos. Esta afirmación resalta el perfil del fiscal como un elemento de controversia dentro del Ejecutivo.

Por su parte, la senadora Alicia García enfatizó que la resistencia de García Ortiz a dimitir estaba vinculada a la protección del presidente Pedro Sánchez, aseverando que el 'sanchismo' ha sufrido una derrota más en su intento de desmantelar el Estado de derecho. Estas declaraciones reflejan la crítica continua del Partido Popular a la gestión del Gobierno y la percepción de una crisis institucional en curso.