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Nacional 31 de Marzo de 2026 · 08:59h 4 min de lectura

PP demanda reforma del sistema penitenciario tras las liberaciones de terroristas por el acuerdo entre Sánchez y Bildu.

En Madrid, el 31 de marzo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha expresado la necesidad de modificar el reglamento penitenciario, haciendo hincapié en las recientes "liberaciones de etarras", las cuales, según ella, serían consecuencia de un pacto político entre el presidente Pedro Sánchez y el partido Bildu.

La exigencia de Gamarra surge tras la noticia de que el preso de ETA, Ángel Tellería Uriarte, ha recibido acceso a la semilibertad, gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta normativa permite que ciertos reclusos cumplan su condena con más flexibilidad, facilitando su salida del centro penitenciario de Zaballa durante el día de lunes a viernes, aunque deberán regresar por la noche.

El miércoles anterior, en el Pleno del Congreso, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, había criticado la política del Gobierno en cuanto a la semilibertad, mencionando específicamente el caso de Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', quien había sido condenada a más de 600 años por múltiples crímenes. Feijóo cuestionó a Sánchez sobre la posibilidad de que otros jefes de ETA, como Txeroki o Txapote, pudieran recibir un trato similar debido a esta permisividad.

Cuca Gamarra ha denunciado que la semilibertad de Tellería representa otra "cesión a Bildu por parte del sanchismo". "Es inaceptable que un etarra sea liberado por decisión del Gobierno vasco. Exigimos un cambio en el Reglamento Penitenciario", ha expresado, subrayando que las liberaciones no deben ser influenciadas por intereses personales de Sánchez.

En un comunicado a Europa Press, Gamarra reforzó su argumento al señalar que estas acciones forman parte de un acuerdo político entre Sánchez y Bildu, uno que califica como un "ejemplo de corrupción tanto política como moral", afirmando que la política penitenciaria está siendo manipulada para consolidar su poder y cumplir con compromisos políticos.

La dirigente del PP también recordó que en la legislatura pasada se llevó a cabo una política de "acercamientos" de etarras, destacando que la cesión de competencia en materia penitenciaria al Gobierno vasco facilitó estas liberaciones y beneficios penitenciarios. "No se pueden otorgar ventajas a quienes no muestran arrepentimiento ni colaboran con la justicia", enfatizó.

Gamarra volvió a mencionar que existen "400 asesinatos de ETA sin resolver", y argumentó que estas liberaciones son un claro reflejo de la "manipulación de la política penitenciaria con fines de corrupción política", beneficiando solo a intereses particulares, no al país en general.

Ante esta situación, el PP ha registrado una propuesta en el Congreso para reformar la legislación y asegurar que quienes enfrenten penas de prisión permanente revisable no puedan acceder a ningún tipo de beneficios penitenciarios.

La iniciativa del Partido Popular surge, entre otros factores, después de que el etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', haya podido beneficiarse del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite aplicar un régimen de semilibertad.

El PP considera "inadmisible" que este tipo de interpretaciones de la normativa penitenciaria pasen por alto el cumplimiento efectivo de las penas dictadas por los tribunales. A pesar de que estos etarras no fueron condenados bajo la figura de prisión permanente revisable, la situación actual ha elevado la urgencia de modificar la legislación en cuanto a los beneficios penitenciarios para aquellos que enfrentan castigos bajo esta pena, que fue instaurada en 2015.

Por lo tanto, el Partido Popular está aprovechando esta oportunidad para solicitar al Gobierno que promueva una reforma en la Ley Orgánica General Penitenciaria que contemple una regulación "específica y diferenciada" para el régimen de prisión permanente revisable, con el objetivo de evitar que condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un sistema de ejecución de la pena que combine elementos de los grados segundo y tercero.

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