En el día de hoy, 10 de noviembre, se ha desatado un debate intenso en Madrid, donde el partido Podemos ha instado a sus aliados del PSOE y Sumar a detener la tramitación de una enmienda introducida por el Partido Popular (PP) en el Senado. Esta enmienda busca prorrogar el cierre de las centrales nucleares, un movimiento que los miembros de Podemos consideran como un obstáculo en el camino hacia una transición energética efectiva.

Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, junto a Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, han manifestado su opinión en una rueda de prensa. Ambos políticos subrayan que el Ejecutivo tiene la oportunidad de bloquear la propuesta del PP, que será discutida en el Congreso tras haberse modificado en el Senado dentro de la Ley de Movilidad Sostenible.

"Extender la vida operativa de las centrales nucleares conllevará un aumento en los costos públicos, ya que se deberán gestionar mayores volúmenes de residuos radiactivos. En virtud de la Constitución española, esta enmienda no debería ser llevada al pleno del Congreso", ha señalado López de Uralde, exponiendo su postura crítica sobre la cuestión.

El líder de Alianza Verde ha expresado también su inquietud por las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha mencionado la posibilidad de considerar el aplazamiento del cierre de las nucleares, siempre que se garantice la seguridad. López de Uralde teme que el Gobierno pueda utilizar la propuesta del PP como una excusa para justificar esta decisión.

"Nos preocupa que el Ejecutivo ya tenga decidido prorrogar las centrales nucleares, a pesar de los efectos adversos que esto podría tener en el proceso de transición energética. Podrían estar buscando una manera de autojustificarse, deslindando responsabilidades al señalar que no era su intención", afirmó López de Uralde.

Por otro lado, Pablo Fernández ha reiterado su propuesta de nacionalizar Repsol, argumentando que es necesario transformar la empresa en una entidad pública que impulse una auténtica transición energética, combata el cambio climático y garantice precios justos en el mercado, enfrentándose a los abusos de oligopolios privados.

En el ámbito energético y medioambiental, Fernández ha lanzado críticas severas hacia las políticas gubernamentales, las cuales considera que contradicen los compromisos previamente adquiridos para la reducción de emisiones. Mencionó ejemplos como la ampliación del puerto de Valencia y la eliminación de impuestos a las compañías energéticas, políticas que, a su juicio, amenazan la salud del planeta y a la sociedad en su conjunto.