En Madrid, el pasado 8 de enero, la portavoz de Podemos e eurodiputada, Isa Serra, expresó su satisfacción por la decisión judicial que permite al hijo de Juana Rivas permanecer con su madre. No obstante, Serra enfatizó en la necesidad de que España realice importantes avances para asegurar los derechos de las madres protectoras en situaciones similares.

Durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, Serra afirmó: “Es motivo de celebración que Daniel se quede con Juana, pero esta decisión debe ser permanente. Además, es imperativo que en nuestro país se hagan progresos significativos para proteger no solo los derechos de las madres que defienden a sus hijos, sino también de los niños y niñas que a menudo son víctimas de violencia machista, violencia contra la infancia y violencia vicaria”.

La intervención judicial se produjo después de que el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada decidiera, el martes por la noche, suspender provisionalmente la orden de restitución de Daniel, que había sido emitida por la Corte de Apelación de Cagliari, Italia. Esta medida se adoptó en respuesta a la solicitud presentada tanto por la madre como por la Fiscalía, y fue motivada por la intención de proteger al menor ante el inminente regreso a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene una denuncia en su contra por el presunto maltrato de los hijos de Juana Rivas.

Serra aprovechó la ocasión para criticar el papel que han desempeñado tanto el Estado español como el italiano en este caso. Desde su punto de vista, ambos gobiernos han “fracasado” en su deber de proteger los derechos de Juana y sus hijos frente a lo que considera una “violencia evidente”. Según Serra, muchas madres se ven forzadas a recurrir a la desobediencia para salvaguardar a sus hijos de la violencia machista y otros tipos de abuso.

La eurodiputada destacó que Juana y sus hijos han experimentado un “calvario” prolongado, a pesar de la condena por violencia machista impuesta a Arcuri. Resaltó que los niños son también “víctimas directas” de esta violencia y criticó que la justicia italiana no haya revocado la custodia al progenitor “maltratador”. Señaló que tanto la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia como el Convenio de Estambul, junto con la legislación europea y la ley de infancia española, establecen claramente la obligación de proteger los derechos de los menores.

Asimismo, Serra calificó como un “fracaso” del Estado permitir que existan niños que relatan haber sufrido violencia sin que se escuchen sus voces. “No se garantiza el derecho a la escucha, que es fundamental para los niños y las niñas”, argumentó, añadiendo que es inaceptable que sus testimonios no sean tomados en cuenta por los Estados miembros de la Unión Europea.

Por otro lado, la representante de Podemos expresó su esperanza de que la reciente decisión judicial establezca un precedente y sea lo que regule las circunstancias futuras del caso. Agradeció el apoyo brindado por los grupos feministas en la lucha por los derechos de Juana y sus hijos, insistiendo en que “un maltratador no puede ser un buen padre”.