En la capital española, Madrid, el partido Podemos ha decidido llevar a cabo una votación en el Congreso con el objetivo de que el PSOE se pronuncie sobre la eliminación de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones de jubilación para aquellos ciudadanos que cuentan con 40 años o más de aportaciones. Esta acción se produce a pesar de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya ha descartado tal posibilidad.

Podemos tiene previsto presentar su moción en la sesión plenaria de la semana del 11 de noviembre. Esta propuesta surge como consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra Saiz, tal y como se detalla en el borrador de mociones que se ha difundido recientemente.

La moción planteará que se realicen las reformas legislativas necesarias para evitar que se apliquen estos coeficientes reductores a los jubilados que han contribuido durante cuatro décadas. Desde la perspectiva de Podemos, dicha penalización en la pensión es injusta y enriquece el concepto de "discriminación" hacia este colectivo.

En la anterior interpelación, la ministra Saiz defendió la postura del Gobierno afirmando que las reformas del sistema de pensiones en vigor, iniciadas en la legislatura pasada, ya abordan este tema de manera suficiente.

Saiz subrayó que en el decreto de 2021, que busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, se instituyó un complemento económico para quienes accedieran a la jubilación anticipadamente entre enero de 2002 y diciembre de 2021, en circunstancias donde se denotaran largos periodos de cotización y pensiones de baja cuantía.

Los requisitos para acceder a este complemento establecen que los beneficiarios deben demostrar un mínimo de 45 años y seis meses de cotización, o bien, si su pensión es inferior a 900 euros a partir de enero de 2022, con al menos 40 años de aportes. Según la ministra, hasta el momento se han otorgado 104.000 de estos complementos económicos.

A pesar de las explicaciones ofrecidas por la ministra, Podemos sostiene que más de 900.000 personas están siendo perjudicadas por estas penalizaciones aplicadas a las prejubilaciones. Ante esta situación, el partido liderado por Irene Montero impulsará una votación para que el PSOE aclare su posición: si está a favor, en contra o prefiere abstenerse sobre esta crítica problemática.