En el marco de una intensa controversia judicial, Ione Belarra, líder de Podemos, ha arremetido contra el Tribunal Supremo de España, acusándolo de llevar a cabo una “guerra sucia” tanto a nivel judicial como político. Según Belarra, esta estrategia tiene como propósito deshacerse del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para desviar la atención de la corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, Alberto González Amador.

Durante una entrevista en Televisión Española, Belarra manifestó su convicción de que el Tribunal Supremo ha incurrido en la gravísima falta de “condenar a una persona inocente”, señalando que este tipo de decisiones envían un mensaje intimidatorio a quienes podrían desafiar los intereses políticos de Ayuso. La secretaria general de Podemos sugirió que este escenario también se extiende a la próxima designación del nuevo fiscal general.

Un punto de controversia que destacó fue el hecho de que el alto tribunal anunció su fallo antes de haber redactado la sentencia, lo que implica una falta de claridad en los motivos por los cuales se ha impuesto una inhabilitación de dos años a García Ortiz por un delito de revelación de secretos a favor de González Amador.

Belarra observó que no es mera coincidencia que la revelación de esta sentencia se hiciera el 20 de noviembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Con esto, cuestionó la efectividad del sistema judicial español en la consolidación de la democracia tras el franquismo.

Además, Belarra criticó al PSOE por lo que ella percibe como una “entrega” del Consejo General del Poder Judicial a la “derecha”, refiriéndose al reciente acuerdo de renovación de este órgano. Hizo un llamado a los socialistas para que reformen la legislación con el fin de permitir una composición más representativa, bajo lo que denomina una “mayoría plurinacional”, sin depender del apoyo del Partido Popular en el Parlamento, donde se requiere una mayoría de dos tercios para la elección de vocales.

“Es momento de democratizar realmente la justicia”, sentenció Belarra, reafirmando su postura de que el caso en contra de García Ortiz trasciende la mera aplicación de la justicia, y lo enmarcó como un claro ejemplo de “lawfare”, es decir, el uso de medios legales para desmantelar a adversarios políticos. A su vez, subrayó la necesidad de sensibilizar al público respecto al supuesto caso de delito fiscal relacionado con la pareja de Ayuso, a quien calificó de ser la “presidenta más corrupta del PP”, lo que, según ella, refleja un problema sistémico dentro del partido.

Por último, Belarra insinuó que la sentencia podría estar conectada a la postura de García Ortiz respecto a legislaciones controversiales, como la Ley de Amnistía y la Ley del "solo sí es sí", sugiriendo que estos factores influyen en la narrativa política actual y en las decisiones del sistema judicial.