En una reciente declaración, Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, ha expresado su respaldo al decreto de escudo social, asegurando que no se prevén nuevas alteraciones en su redacción. Este apoyo se da después de lograr un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que protege a los pequeños propietarios de una única vivienda de alquiler, un tema de gran relevancia en la actualidad.

El PNV alcanzó un pacto el pasado martes con el Ejecutivo que permitirá extender la protección del escudo social a aquellos propietarios que solo cuentan con un inmueble en arrendamiento. Vaquero, en una entrevista para TVE, subrayó que su grupo apoyará este marco legal tras asegurar una salvaguarda para estos arrendadores, que a menudo se enfrentan a dificultades económicas debido a impagos. “Los pequeños propietarios, en su mayoría pensionistas, sufren considerablemente porque dependen de esa renta”, afirmó.

La portavoz del PNV argumentó que su propuesta busca solucionar la problemática de alquiler en el país, avisando que la incertidumbre generada por casos anteriores estaba ahuyentando a potenciales arrendadores, impidiendo que muchas familias accedieran a una vivienda. “La situación se tornó tan crítica que muchos decidieron no poner sus hogares en alquiler por miedo a tener problemas”, añadió.

Sobre la posible aparición de nuevas modificaciones al decreto por parte del Gobierno, Vaquero se mostró firme en su postura, aclarando que el texto ya ha sido respaldado por el Consejo de Ministros y sólo queda su validación. “No se pueden introducir cambios en un decreto ya aprobado”, subrayó, reafirmando que la carga del escudo social no debería recaer en los propietarios, especialmente no en los más vulnerables.

Por último, Vaquero criticó duramente la tendencia de agrupar a todos los propietarios bajo un mismo contexto, tanto a pequeños como grandes, argumentando que sus condiciones y experiencias son radicalmente distintas. “Hemos recibido numerosas quejas de pequeños arrendadores, muchos de ellos pensionistas, quienes enfrentan dificultades reales para desalojar a inquilinos morosos, lo que les pone en una situación de vulnerabilidad preocupante”, concluyó la portavoz.