La Federación Plataforma Trans ha interpuesto una solicitud al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios del PSOE y Más Madrid en la Asamblea regional. La petición es para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la reforma y derogación de parte de las leyes Trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid.
La Plataforma Trans ha enviado cartas a los destinatarios mencionados para solicitarles que, bajo el amparo del Artículo 162 de la Constitución, interpongan recursos de inconstitucionalidad una vez que la modificación legal sea aprobada en el Parlamento madrileño.
La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha afirmado que el colectivo LGTBI y los colectivos trans se unirán en defensa de los derechos que los igualan en dignidad con el resto de la ciudadanía. Cambrollé ha señalado que la igualdad no se puede lograr imponiendo la desigualdad y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dar "pasos atrás" que afectan a un colectivo vulnerable.
La reforma propuesta va en contra de las recomendaciones de Europa y de la Organización Mundial de la Salud, que ha dejado de considerar las identidades trans como patologías. Cambrollé ha acusado a Díaz Ayuso de intentar limitar los derechos de las personas trans en la Comunidad de Madrid, que están protegidos por leyes a nivel estatal.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha defendido que el colectivo LGTBI no está perdiendo ningún derecho, y el Partido Popular ha argumentado que la modificación busca brindar mayor claridad y seguridad jurídica sin perjudicar los derechos de las personas trans y LGTBI.
La modificación propuesta por el PP en la Ley Trans de la Comunidad de Madrid elimina una decena de artículos y modifica otros tantos. Los cambios afectan desde el concepto de identidad de género, que se reemplaza por transexualidad o condición sexual, hasta medidas en el ámbito deportivo, administrativo y educativo.
Entre los cambios administrativos se encuentra la eliminación de la provisión de acreditaciones de identidad de género manifestada para quienes lo soliciten, y el fomento del respeto a la identidad y expresión de género en los medios públicos y financiados por fondos públicos. También se elimina la carga de la prueba en casos de discriminación tránsfoba.
En el ámbito de la salud, se establece que los menores deben ser evaluados por pediatras antes de recibir tratamiento, y se establece que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no deben ser consideradas como discriminación.
En educación, se eliminan los contenidos relacionados con la identidad de género de los currículos, y se establece que las personas transexuales deben ser respetadas en actividades diferenciadas por sexos, sin perjudicar los derechos e intimidad del resto de los alumnos.
En deporte, se repite la fórmula de respeto hacia las personas transexuales en los vestuarios e instalaciones deportivas, especialmente en el deporte femenino, y se eliminan las infracciones y sanciones de la Ley.