Crónica España.

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Piden no amnistiar a Puigdemont por lucro y perjuicio a la UE

Piden no amnistiar a Puigdemont por lucro y perjuicio a la UE

Los fiscales del 'procés' han presentado un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expresando su oposición a la aplicación de la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso de malversación. Consideran que Puigdemont sí tuvo intención de lucro y afectó los intereses financieros de la Unión Europea, aunque creen que la amnistía podría aplicarse a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.

El documento al que ha tenido acceso Europa Press indica que, según los fiscales, actos de malversación de fondos públicos no pueden beneficiarse de la ley de amnistía, ya que los fondos públicos desviados a fines inconstitucionales afectan los intereses financieros de la UE, excluyéndolos de dicha amnistía.

Los fiscales argumentan que hubo un claro ánimo de lucro y un beneficio patrimonial por parte de Puigdemont, Junqueras, Comín, Puig, Romeva, Turull y Bassa, al utilizar fondos públicos para sus propósitos inconstitucionales.

En este sentido, subrayan que los acusados se apropiaron de fondos públicos con un beneficio propio, sin restituirlos, y que estos fondos se utilizaron para respaldar un proyecto político exclusivo de los acusados.

Los fiscales también se oponen a levantar las órdenes de detención nacionales contra Puigdemont, Comín y Puig, complicando así su regreso a España, ya que fueron procesados en rebeldía por malversación y desobediencia.

Los fiscales han entregado sus conclusiones a García Ortiz en una reunión este jueves, abordando los pasos legales a seguir en todas las causas relacionadas con el proceso independentista, donde el Tribunal Supremo y los tribunales catalanes llevan la mayoría de los casos.

La ley de amnistía establece que los tribunales deben aplicarla en un plazo máximo de dos meses, lo que generará acciones como posibles cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y recursos de inconstitucionalidad por parte del PP y otras partes interesadas.

Es fundamental que antes de tomar decisiones, los tribunales consulten a todas las partes involucradas en el proceso, incluida la Fiscalía, para establecer un criterio claro sobre la aplicación de la ley de amnistía.