Perú promulga ley que exime a policías y militares de justicia ordinaria

El Congreso peruano ha aprobado una ley que excluye a policías y militares de la jurisdicción civil en casos de abusos, estableciendo que solo serán considerados crímenes de lesa humanidad si se prueban ataques sistemáticos. La norma, impulsada por partidos aliados a Keiko Fujimori, fue promulgada tras la falta de acción del presidente interino, José María Balcázar.

Este cambio legal responde a un contexto de tensiones políticas y una historia marcada por denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La legislación busca fortalecer la imagen de las instituciones militares y policiales, que enfrentan acusaciones recurrentes por su gestión en protestas recientes y otros episodios de violencia.

Su impacto puede ser significativo, ya que restringe la posibilidad de investigaciones civiles en casos de abusos, limitando la responsabilidad judicial de efectivos en ciertos delitos. Además, la incorporación de la cadena perpetua para quienes colaboren con organizaciones criminales busca endurecer las penas en el marco de una lucha contra la delincuencia.

El contexto político peruano, con un Congreso controlado por fuerzas cercanas a Fujimori, refleja un intento de consolidar un discurso de apoyo a las Fuerzas Armadas y reducir la presión internacional y doméstica por violaciones de derechos humanos. La ley también ha sido vista como una respuesta a las investigaciones abiertas contra efectivos en las protestas que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.

En este escenario, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos críticos advierten que la norma puede facilitar la impunidad y limitar la rendición de cuentas, generando dudas sobre su impacto en la justicia y los derechos de las víctimas. La situación genera incertidumbre sobre el futuro del control judicial y las investigaciones en el país.

Mirando hacia adelante, la ley refleja una tendencia en algunos sectores políticos a priorizar la protección institucional sobre los derechos civiles. Su aplicación y las posibles reacciones internacionales serán clave para entender las próximas etapas del debate sobre justicia y derechos humanos en Perú.