En Madrid, el 8 de enero, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas ha emitido una alarma sobre los recientes cambios en el índice de actualización de rentas, advirtiendo que estas modificaciones podrían perjudicar gravemente al mercado del alquiler. Según un comunicado de prensa difundido por la organización, esta situación representa un inconveniente significativo tanto para propietarios como inquilinos.

El nuevo índice de actualización de contratos de arrendamiento, establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece un límite del 2,2% para el incremento de rentas en aquellos contratos que se firmen después de mayo de 2023. La confederación considera que esta limitación se traduce en un "desafío adicional" para los arrendadores, quienes ven amenazadas sus expectativas de retorno justo por sus inversiones en propiedades.

Desde la organización se enfatiza que este nuevo índice no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también desencadena una serie de desincentivos que podrían llevar a una reducción de la oferta en el mercado de alquiler. “La posibilidad de una congelación práctica de las rentas podría acarrear consecuencias devastadoras para el sector,” sostiene el comunicado. Este temor se basa en la creencia de que, sin un flujo adecuado de propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas, la accesibilidad a la vivienda se verá comprometida.

La confederación ha delineado tres “necesidades fundamentales” que, a su juicio, deben ser atendidas para fomentar la participación de los pequeños propietarios en el mercado de arrendamiento: la necesidad de una sólida seguridad jurídica, la promoción de una colaboración efectiva entre el sector público y privado, y la instauración de incentivos fiscales atractivos. Estas medidas son consideradas cruciales para revitalizar un sector que se encuentra en una situación precaria.

En un contexto donde el debate sobre el acceso a la vivienda se ha polarizado, los pequeños propietarios enfatizan la importancia de llevar a cabo un análisis exhaustivo que ayude a "desmontar prejuicios y dogmas" que puedan distorsionar la realidad del mercado. “La polarización del debate actual despoja al mismo de cualquier posibilidad de entendimiento,” han afirmado desde la confederación, mostrando una clara preocupación por el argumento de la accesibilidad en ciertas ciudades.

La organización también ha manifestado su descontento con la percepción generalizada de que la Ley de Vivienda podría ser la solución perfecta. Según ellos, ha sido necesario un extenso debate y la elaboración de estudios profundos, incluida la investigación de instituciones como el Banco de España, para evidenciar los problemas que ya eran conocidos desde hace tiempo. Esto pone de manifiesto la complejidad del asunto, más allá de simples soluciones legislativas.

En relación con el alquiler de temporada, que resulta ser fundamental para estudiantes y trabajadores desplazados, la confederación continúa enfrentando desafíos normativos. Por ello, hacen un llamado a la creación de una regulación "clara" que distinga entre usos legítimos y prácticas fraudulentas, para asegurar que los derechos de los propietarios y las necesidades de los inquilinos sean adecuadamente protegidos.

Respecto al alquiler turístico, que representa cerca del 10% del mercado de alquiler residencial, la organización ha instado a que las comunidades autónomas encuentren un equilibrio adecuado entre los intereses del turismo y la vivienda. Este último sector, recordaron, representa el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, lo que subraya la importancia de cuidar su desarrollo sostenible.

Por último, la confederación ha manifestado su preocupación por la falta de eficacia en la distribución de los fondos europeos Next Generation, los cuales aún no han llegado con la "efectividad necesaria". Esta situación está generando dificultades para implementar las reformas indicadas en un parque inmobiliario que se encuentra "envejecido". Para ser concretos, el coste medio por propietario para cumplir con los estándares energéticos se estima en torno a 30.000 euros, monto que los pequeños propietarios consideran que las ayudas actuales son insuficientes para cubrir.

En una reciente reunión mantenida con la ministra de Vivienda, la confederación trasladó la “urgencia” de adoptar medidas efectivas que faciliten la rehabilitación del parque inmobiliario. De lo contrario, advierten que se corre el riesgo de que se detenga la “ola rehabilitadora”, una oportunidad vital para mejorar las condiciones de vivienda en el país.