En un nuevo desarrollo legislativo en España, los partidos Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han presentado una iniciativa en el Congreso que busca implementar ayudas económicas que cubran la totalidad del costo de la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar que todos los hogares cuenten con sistemas de refrigeración y aire acondicionado eficientes.

La solicitud se articula a través de una proposición no de ley que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, según fuentes de Europa Press. Las formaciones políticas de izquierda, que son aliadas del PSOE, exigen un conjunto de medidas para fortalecer las políticas públicas en respuesta a la crisis climática.

Específicamente, los grupos abogan por impulsar la modernización energética de viviendas y espacios públicos, combinando estrategias pasivas como la ventilación cruzada y el uso de cubiertas verdes, con tecnologías de climatización avanzada, como bombas de calor y sistemas de aerotermia y geotermia. Proponen también un sistema de ayudas progresivas que podría financiar hasta el 100% del coste de instalación de estos sistemas.

Además, los partidos han incluido en su propuesta un llamado al Gobierno para que, en un plazo de tres meses, presente una iniciativa fiscal inspirada en la 'tasa Zucman', que establecería una tributación del 2% anual sobre el patrimonio neto de aquellos con un capital superior a los 100 millones de euros.

Otro aspecto destacado es la creación de una infraestructura urbana "verde-azul". Esta propuesta busca integrar áreas verdes y corredores de sombra en las ciudades, así como la renaturalización de ríos urbanos y la instalación de fuentes públicas y sistemas de nebulización, para mejorar la calidad ambiental urbana.

Asimismo, los líderes de Sumar, ERC y Bildu instan al Gobierno a reconsiderar el impuesto extraordinario a las empresas de energía, sugiriendo que se transforme en un impuesto ambiental que se aplique de manera permanente sobre los beneficios derivados de la industria fósil. También proponen que el Fondo Social para el Clima esté vinculado a la legislación sobre comercio de derechos de emisión, asegurando así que estos recursos se destinen a inversiones en adaptación climática.

La propuesta incluye la creación de un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales y de Seguridad, con la intención de que los ecosistemas sean reconocidos como el Sexto Pilar del Estado del Bienestar, destacando su importancia para la sociedad.

En el ámbito marino, los partidos proponentes consideran esencial proteger y restaurar los ecosistemas costeros y marinos mediante un plan específico para la conservación de especies clave, como la posidonia y los cetáceos. También se plantea la necesidad de mitigar el impacto de la actividad turística, eliminar la pesca destructiva y establecer zonas marinas protegidas mediante una gestión participativa.

Finalmente, se subraya la importancia de reforzar el compromiso con la protección marina, asegurando un 30% de conservación en aguas españolas, con al menos un 10% de protección estricta, en concordancia con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y las solicitudes de diversas organizaciones ecologistas. Los proponentes también abogan por fomentar la adaptación climática de las instituciones, promoviendo la formación especializada en esta área para los funcionarios y estableciendo sistemas de datos climáticos accesibles y operativos.