En una votación trascendental, el Parlamento de Portugal ha dado luz verde a una propuesta legislativa que modifica el Código Penal, incluyendo la pérdida de la nacionalidad como una pena accesoria para los delitos de mayor gravedad. Esta medida, respaldada por la coalición conservadora del Partido Socialdemócrata (PSD) liderado por el primer ministro Luís Montenegro, el CDS-Partido Popular, así como las formaciones de extrema derecha Chega e Iniciativa Liberal, marca un hito en la política penal del país.

La aprobación se logró con un contundente apoyo de 157 votos a favor y solo 64 en contra, formando así una sólida mayoría de dos tercios en la Cámara. Esta enmienda permite a los jueces aplicar la pérdida de la nacionalidad portuguesa a quienes sean condenados a penas privativas de libertad de cuatro años o más, reflejando un enfoque más estricto hacia la delincuencia en el país.

Una de las características más destacadas de esta norma es que su aplicación solo se llevará a cabo en aquellos casos donde los delitos sean cometidos en los diez años posteriores a la obtención de la nacionalidad y si el infractor es originario de otro país. Esta cláusula busca prevenir que un ciudadano quede apátrida como resultado de aceste sanción.

Por otra parte, la legislación establece que cualquier individuo que pierda la nacionalidad por esta razón no podrá solicitar su restitución hasta diez años después de que sus antecedentes penales hayan expirado. Este aspecto ha sido considerado como un compromiso del PSD con el partido Chega, que abogaba por una pérdida de nacionalidad automática y un periodo de vigencia de 20 años.

Tras la votación, el primer ministro Luís Montenegro fue consultado sobre la posibilidad de que la propuesta sea vetada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa o el Tribunal Constitucional. Montenegro aseguró que su administración "respeta sus valoraciones" pero destacó que hay "suficientes motivos para proceder con la promulgación" de la ley, dado que cuenta con un sólido respaldo parlamentario que representa la voluntad del pueblo portugués.

El primer ministro enfatizó que su Gobierno está "obligado a legislar para afrontar los problemas reales de los portugueses," subrayando su compromiso con la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, independientemente de la procedencia política de su apoyo legislativo.