En Madrid, la jornada del 30 de enero estuvo marcada por una sorprendente declaración de la empresaria Carmen Pano ante la Audiencia Nacional, donde se encuentra bajo investigación. Pano confirmó que los 90.000 euros que supuestamente llevó a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) provenían de Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, dedicada a los hidrocarburos. Durante su declaración, también mencionó que Víctor de Aldama le había comentado sobre la recepción de un sobre vinculado a la presunta financiación irregular de la formación política.

Esta información fue proporcionada a través de fuentes del ámbito jurídico, quienes revelaron que Pano se presentó ante el juez instructor, Santiago Pedraz, quien también interrogó a su hija, Leonor González. Esta última se defendió, asegurando no tener conexión alguna con la supuesta trama de fraude fiscal relacionada con el sector de los hidrocarburos.

Pano reiteró que efectivamente transportó los 90.000 euros en dos entregas de 45.000 cada una a la sede del PSOE, aclarando que dicho dinero era de Rivas, quien, según informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es señalado junto a Aldama como uno de los líderes del denominado 'caso hidrocarburos'.

En su comparecencia, también fue interrogada sobre un sobre de PDVSA que Aldama afirmó haber recibido de la funcionaria venezolana Delcy Rodríguez. Pano manifestó no contar con información sobre la posible financiación del PSOE, aunque mencionó que Aldama le habló de la entrega de documentación sin ofrecer más detalles al respecto.

Adicionalmente, Pano recordó una reunión celebrada en diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria, donde se discutió la solicitud de licencia de operación para Villafuel. En este encuentro estuvo presente Juan Ignacio Díaz Bidart, quien en aquel momento era jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.

Díaz Bidart, que había declarado previamente como testigo ante el Tribunal Supremo, admitió haber asistido a la reunión, aunque no recordó con quién se reunió, ya que fue convocado por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Sin embargo, Pano contradijo esta versión al afirmar que Díaz Bidart estuvo presente durante toda la reunión y reveló que este había solicitado que la documentación pertinente fuera enviada a Koldo para su posterior análisis.

Esta misma semana, el juez Pedraz citó a declarar a Díaz Bidart y Marc Pons, otro exjefe de gabinete que no pudo asistir, así como a Rivas y Aldama, quienes optaron por no declarar. La lista de citados también incluyó a funcionarios relevantes como Manuel García, director general de Política Energética, y otros individuos relacionados con los 108.500 euros que fueron retirados en efectivo.

La UCO ha indicado que Rivas y Aldama eran los presuntos cabecillas de esta trama, poniendo de relieve que ambos tenían el control absoluto y la capacidad de decisión sobre las distintas estructuras implicadas.

En un informe reciente, las autoridades señalaron que esta red de hidrocarburos no solo logró infiltrarse en el Ministerio de Transportes bajo la conducción de Ábalos, sino también en los otros ministerios relacionados con la industria y el medio ambiente, que entonces eran dirigidos por Maroto y Ribera. Se indicó que la infiltración se había llevado a cabo mediante Aldama, quien tenía acceso a personas cercanas a Ábalos, con el objetivo de asegurar la obtención de autorizaciones para Villafuel, a pesar de no cumplir con los requisitos legales establecidos, todo a cambio de una compensación económica.