MADRID, 29 de enero.

El titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha declarado que las fracturas en los rieles de las líneas de tren son un fenómeno común en la mayoría de las redes ferroviarias europeas, aunque raramente resultan en accidentes que impliquen lesiones personales.

En una sesión en el Senado llevada a cabo este jueves, el ministro destacó que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) se encuentra desarrollando investigaciones, algunas en colaboración con Adif, para ahondar en las causas y efectos de estas rupturas.

Puente afirmó que, a pesar de que estos incidentes ocurren con frecuencia, las pérdidas humanas o los daños físicos son prácticamente inexistentes. Aseguró que los sistemas de alerta en muchas ocasiones detectan estos problemas, aunque en otras no, todo bajo los estrictos parámetros de seguridad establecidos por la normativa vigente.

Durante su exposición, el ministro hizo un llamado a su grupo parlamentario para que no le aplaudieran por el respeto que merece el asunto en cuestión, justo cuando un aplauso estaba a punto de surgir tras criticar la actitud del PP al ovacionar a uno de sus senadores. En respuesta a las críticas recibidas, defendió la transparencia de su gestión, sostenido que en ningún momento se ha engañado ni ocultado información.

"No ha existido ninguna mentira ni ocultación de información en este proceso. Las iniciativas de renovación y modernización son específicas y se regulan según los proyectos constructivos y la normativa ferroviaria. Una afirmación contraria a lo que dictan los documentos públicos carecería de fundamento", argumentó.

Puente también mencionó que la actual red ferroviaria en España no se encuentra bajo presión, citando como referencia que la línea entre Milán y Roma contaba en 2009 con 182 trenes diarios y la línea París-Lyon tiene unos 200, en comparación con los 90 que circulan entre Madrid y Barcelona.

En relación a las inversiones, reconoció que ha habido una carencia en este aspecto, pero atribuyó los problemas a los gobiernos del PP anteriores, señalando un déficit de inversión de alrededor de 30.000 millones de euros. Este cálculo se basa en la comparación entre lo invertido en 2009 y lo que se dejó de destinar entre 2012 y 2017, donde en 2017 la inversión descendió a 1.700 millones, en contraste con los 5.000 millones proyectados para 2025.

El ministro criticó la justificación basada en la crisis económica: "No sé si realmente faltaron recursos, pero lo que es evidente es que no hubo una decisión política firme. Si bien el dinero podría haberse considerado escaso, habían oportunidades para haber preparado proyectos de inversión. Sin embargo, se permitió que expiraran las declaraciones de impacto ambiental, como la correspondiente a la línea hacia Extremadura", concluyó con pesar.