En un giro inesperado y dramático en la política surcoreana, un tribunal en Seúl ha tomado la decisión de emitir una orden de detención contra el presidente Yoon Suk Yeol. Este hecho ocurre mientras Yoon se encuentra destituido temporalmente de sus funciones, fruto de su polémica decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre. La medida fue solicitada por un equipo conjunto de investigación que ha presentado cargos serios contra el presidente, incluyendo insurrección y abuso de poder.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl ha dado luz verde a esta petición, que fue formalizada por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, junto con la Policía y el Ministerio de Defensa. Esta acción se produce tras la falta de respuesta de Yoon a las tres citaciones emitidas para que compareciera en relación a su controvertido decreto de ley marcial, lo que ha suscitado aún más la indignación pública y cuestionamientos sobre su liderazgo.

Además, el tribunal ha autorizado también el registro de la residencia presidencial ubicada en Yongsan, Seúl. Esta confirmación ha sido proporcionada por la agencia de noticias estatal Yonhap, lo que agrava aún más la situación del presidente, al permitir que se examine más a fondo cualquier posible irregularidad en su administración.

Con esta resolución, el tribunal ha desestimado las afirmaciones de Yoon y su equipo legal acerca de la presunta falta de jurisdicción del CIO para llevar a cabo investigaciones sobre insurrecciones. Los abogados del mandatario habían argumentado que la solicitud de detención carecía de fundamento legal, pero el tribunal ha sostenido lo contrario.

Por otra parte, el argumento presentado por Yoon para no presentarse a los interrogatorios, invocando su seguridad personal como presidente, también ha sido desestimado. En un desarrollo significativo, poco después de la emisión de la orden de arresto, el Servicio de Seguridad Presidencial anunció que implementará las medidas correspondientes para manejar esta orden en conformidad con los procedimientos legales establecidos.

Yoon, quien fue destituido de su cargo tras la aprobación de una moción en la Asamblea Nacional el pasado viernes, se enfrenta a un futuro incierto. En el horizonte, el Tribunal Constitucional surcoreano deberá tomar una decisión definitiva sobre su caso antes de junio, lo que determinará si retoma sus funciones o si será inhabilitado de forma permanente.